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El Camino de la Vida: Universidad/I

Habla sobre el significado y sentido de la Universidad, la autonomía universitaria y de las universidades autónomas y públicas del país

POR: J. Enrique Álvarez Alcántara, Visitas: 123

Publicado: 27/10/21 12:56

 

Somos testigo, de nueva cuenta, de un acalorado “debate” en torno al sentido de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), su Autonomía Universitaria y, con ello, desde luego, de las universidades públicas y autónomas en el país.

Una declaración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la naturaleza y situación que guarda la UNAM ha elicitado expresiones de diferente talante; entre éstas podemos hallar desde anatemas, insultos, acuerdos y desacuerdos con lo expresado.

Quiero recuperar una serie de notas publicadas dentro del libro de ensayos Historias de vida y algo más, de mi autoría (Fondo Editorial Latinoamericano BookYachay, Huancayo, Perú, 2018) y mostrar a ustedes, amables lectores, que el objeto de la discusión ha sido desde hace ya prácticamente un siglo, objeto de discusiones y batallas por asignarle una misión dentro del acontecer de la vida sociopolítica y económica en diversas naciones de nuestra América Latina.

En este texto aproximaré un análisis histórico que nos permita comprender y explicar lo que sucede en las universidades públicas y autónomas de México.

Primero. Partiendo del pensamiento de Carlos Tünnermann, en su momento Rector de la Universidad Nacional de Nicaragua y Presidente de la Unión de Universidades de América Latina, el proceso de erección de universidades en nuestra América Latina (UDUAL), cuando aún no había terminado la Conquista, ni militar ni culturalmente, ha pretendido ser explicado de distintas maneras; pero, casi todas ellas concuerdan en el hecho de que en este evento concurrieron tres condiciones:

  • La necesidad de proveer instrucción a los novicios de las órdenes religiosas que acompañaron al conquistador español, a fin de satisfacer la creciente demanda de personal eclesiástico creada por la ampliación de las tareas de evangelización, castellanización y dominación cultural;
  • La conveniencia de proporcionar educación, más o menos similar a la que se ofrecía en la metrópoli, a los hijos de los peninsulares y criollos, a fin de vincularlos culturalmente al imperio y, a la vez, preparar el personal necesario para llenar los puestos de la burocracia colonial, civil y eclesiástica. Y,
  • La presencia, en los primeros años del periodo colonial, de religiosos formados en las aulas de las universidades españolas, principalmente Salamanca, deseosos de elevar el nivel de los estudios y de obtener autorización para conferir grados mayores.

Es decir, originariamente el emplazamiento de las universidades en nuestra región obedeció a las necesidades e intereses derivados de la conquista, colonización y dominación por parte del conquistador. Este fue, quizás, el núcleo esencial que imprimió sentido a la existencia de las primeras universidades a lo largo del periodo que abarcó la Colonia –de 1521 a 1821—.

Segundo. Con el proceso de Revolución de Independencia esta lógica colonial perdió sentido, sin embargo tal movimiento no pudo cristalizar un proyecto independiente de nación ni, mucho menos, un proyecto de desarrollo para la educación, ya no digamos universitaria, sino sustancialmente básica; pues claro estaba que el grueso de la población carecía de instrucción elemental y se mantenía en el analfabetismo. Bajo estas condiciones palmarias era perentorio alfabetizar, más que desarrollar la educación universitaria. Como se ha documentado amplia y profundamente, la primera universidad erigida por los españoles en nuestra América Latina fue la de Santo Domingo, el 28 de octubre de 1538, y la última fue la de León en Nicaragua, creada el 10 de enero de 1812.

La mayoría de las universidades en el periodo colonial fueron a la vez Pontificias y Reales. Las creadas por las órdenes religiosas, autorizadas por el Papa para otorgar grados, gozaron del carácter pontificio en virtud del privilegio general conferido a las órdenes religiosas, mientras que, en otros, la Corona tomó la autoridad, naciendo así las universidades de carácter Real, después adquirieron los privilegios pontificios. Tal fue el caso de las universidades de San Marcos en Lima, México y San Carlos de Guatemala.

Como antes expresé y el mismo Tünnermann manifiesta,

(...) el advenimiento de la República no implicó la modificación de las estructuras socioeconómicas de la colonia (...) el movimiento de Independencia careció de un contenido realmente revolucionario, limitándose, en gran medida a la sustitución de las autoridades peninsulares por los criollos, representantes de la oligarquía terrateniente y de la naciente burguesía comercial.

Y remata sus ideas nuestro ilustre personaje,

Los mismos principios de la Ilustración, que sirvieron de apoyo ideológico al movimiento de Independencia, fueron préstamos intelectuales que abrieron el camino a otra forma de dependencia: la cultural. Las ideas ilustradas se bifurcaron en una corriente radical, representada por la burguesía comercial y las clases medias letradas, en las que prevalecía un “espíritu urbano”, y otra de carácter más bien conservador y rural, representada por los “hacendados” criollos (...)

Esta condición y características se mantuvieron hasta recién iniciado el siglo XX, es decir, 300 años de periodo colonial –1521 a 1821—, y casi otro siglo del periodo republicano o independiente (1821 a 1918).

Tercero. A partir de 1918 podemos considerar que efectivamente se plantea el primer proyecto universitario propio. Este nace con el Movimiento de Córdoba, Argentina, por la Autonomía Universitaria.

Más tarde, los movimientos de Reforma adolecieron del mismo problema; sustituyeron a los gobernantes por otros sin tener un claro proyecto de nación que definiera el desarrollo y el rumbo independiente y soberano.

La Revolución Mexicana quedó en mera promesa que aún no cristaliza en tal idea de nación libre, soberana e independiente.

Este es el entorno dentro del cual se enmarca la existencia de las universidades y del cual no pudo sustraerse hasta entrada la segunda década del siglo XX con los movimientos por la conquista de la Autonomía Universitaria en Córdoba, Argentina; Lima, en Perú y, más tarde, México.

Debemos considerar, en principio, que la Autonomía Universitaria implica tres aspectos que no pueden ni deben separarse en el análisis: primero referimos el de su autogobierno; enseguida, el de su vida académica y científica y, finalmente, el financiero. El primer rubro hace referencia a los procesos mediante los cuales éstas legislan sobre su dinámica, desarrollo y asuntos de gobierno, eligen a sus autoridades y a su Rector, con base en la propia legislación que para ello determinen, así como la toma de decisiones y acuerdos; el segundo, se refiere al proceso de ingreso de su personal académico, a los programas educativos que ofrece, a la libertad de cátedra y de estudio, a los criterios de ingreso y egreso de sus estudiantes, a su competencia legal para expedir títulos, certificados, diplomas, etc.; y, el tercer elemento, el financiero, refiere el libre ejercicio y manejo de los recursos materiales y económicos, así como la elaboración de las políticas administrativas y económicas además de su control y transparencia en el manejo de los mismos.

Debemos, por otra parte, señalar que la Autonomía Universitaria no surge como un concepto estructurado desde la propia racionalidad de los gobiernos latinoamericanos que otorgaron ésta como una dádiva, sino que fue resultado de diversos movimientos y proyectos encarnados en grandes movilizaciones estudiantiles (reitero, movimientos estudiantiles) que la promovieron y la obtuvieron. Tales movimientos estudiantiles fueron los que hicieron posible la Autonomía Universitaria.

Como está documentado, este proceso de lucha por la Autonomía Universitaria abarcó desde 1918 y culminó en el año de 1929; estos exitosos movimientos fueron el acicate que empujó diversos movimientos en pos de tal divisa a lo largo de más de medio siglo en otras universidades latinoamericanas y mexicanas, en particular.

El Movimiento de reforma iniciado en la Universidad de Córdoba, Argentina, en 1918, trascendió su influencia hacia toda América Latina, materializándose primero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú; siguiendo en la Universidad de La Habana, Cuba, y concluye con el logro de la Autonomía en la Universidad Nacional de México, en el año de 1929.

Los movimientos pro Autonomía consideraron como divisa esencial una dirección democrática y participativa de los estudiantes, graduados y profesores en el gobierno universitario y la gobernabilidad universitaria. Es esta, y no otra, la idea original subyacente a los Consejos Universitarios como máxima autoridad. El Rector, como figura, devino de una defensa de las estructuras unipersonales de gobierno de manera tal que se estructuraron cogobiernos con ambas figuras. Hoy, considero necesaria la sustitución de esta última figura por la de Consejos Rectorales y Consejos Directivos para las unidades académicas.

Las demandas explícitas del Movimiento de Córdoba pueden resumirse en los siguientes puntos:

1)    Elección de los cuerpos directivos por la propia comunidad universitaria y participación libre y plena de sus cuerpos constitutivos; estudiantes, profesores y graduados.

2)    Implantación de los concursos de oposición para la selección del profesorado y periodicidad de las cátedras.

1)    Libertad de cátedra.

2)    Asistencia libre a clase por parte de los estudiantes.

3)    Modernización de los métodos de enseñanza.

4)    Asistencia social a los estudiantes y democratización del ingreso a la universidad.

Tengamos presente, por otra parte, que Hipólito Irigoyen, entonces Presidente de Argentina, representaba a los sectores pujantes de una pequeña burguesía emergente y liberal, mientras que en Cuba, Perú y México era otra la situación; particularmente en nuestra patria era un General (Plutarco Elías Calles) quien gobernaba y trataba de estabilizar una aún convulsa nación que no cerraba las secuelas de la Revolución y que para ello creó lo que hoy representa lo más deleznable en la historia nacional de la corrupción e ignominia: el Partido Revolucionario Institucional  (PRI), originalmente llamado Partido Nacional Revolucionario (PNR). En este sentido, en México el movimiento estudiantil por la Autonomía Universitaria se circunscribió al ámbito de la propia universidad.

En Perú y Cuba fue diferente. Recordemos tan sólo que, en Perú y Cuba, los Movimiento estudiantiles se encontraban ligados a la lucha política sindical y social. Bástenos recordar los nombres de Víctor Raúl Haya de la Torre (fundador del APRA), José Carlos Mariátegui (fundador del Partido Comunista del Perú) y de César Vallejo; o de Julio Antonio Mella (militante comunista cubano).

La Autonomía Universitaria –que podemos resumir en los seis numerales enunciados—, no era tan sólo un asunto de separación o divorcio entre El Estado, representado por los gobiernos que lo mostraban en nuestra América Latina, y la comunidad universitaria; ¡¡¡No!!!

Tampoco era un asunto de mantener una ínsula ajena al devenir de la dinámica sociocultural y político-económica de nuestra agobiada región desde la conquista militar, política y económica. Era, y bien claro debo decirlo, una condición sine qua non sería comprensible la existencia de ésta.

Sin la existencia de la Autonomía Universitaria como divisa central de su Ser, ésta quedaría condenada a ser un apéndice de los apetitos, creencias, valores de quienes gobernaban nuestras naciones; recordemos para mostrar ello la histórica dependencia absurda de la Universidad de la República Dominicana, en tiempos del Dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien decidía quiénes podían ingresar a la institución y quiénes de ellos podían o no recibir un título profesional, llegando al absurdo de que él, y nadie más que él, «autorizó» el ingreso de Minerva Mirabal a la Escuela de Derecho, pero «denegó» el derecho a obtener el título de Licenciatura, alegando que únicamente autorizó el ingreso, no la obtención del título.

La Autonomía significaba ya, desde sus orígenes, los asuntos siguientes y que son inseparables de su Ser.

1)    La determinación por parte de los miembros de la comunidad universitaria, y nadie más que ellos, del ingreso, desempeño académico, conclusión satisfactoria de los estudios, decisión autónoma y libre para asistir a clases, selección del personal docente, libertad de cátedra y autodeterminación para decidir programas educativos, contenidos curriculares, formas de evaluación, acreditación y certificación de estudios.

2)    La competencia exclusiva de los miembros de la comunidad universitaria para elegir no solamente a las autoridades universitarias --tanto de la administración central como de las unidades académicas--, sino también las formas de gobierno que convengan al ejercicio de su responsabilidad social, además de asegurar la participación en estos procesos y el derecho de elegibilidad de cualquier miembro de la comunidad universitaria.

3)    La competencia exclusiva de la comunidad universitaria para decidir las líneas generales de investigación científica, aplicación del conocimiento, mecanismos y estrategias o tácticas para difundir, ampliar y apropiarse de la experiencia cultural de su entorno más inmediato.

4)    La competencia exclusiva de la comunidad universitaria para determinar el ejercicio de los recursos económicos, financieros, materiales, que aseguran la operación de las actividades universitarias, asimismo para determinar los mecanismos y procedimientos para transparentar y mostrar el manejo adecuado de tales recursos.

5)    Ello es fundamental, el Estado y los gobiernos nacionales y locales estaban obligados a otorgar el presupuesto económico, suficiente y necesario, para asegurar el ejercicio de su función y su misión educativa y científica, respetando, ineludiblemente, lo que se expuso en los cuatro numerales que anteceden a éste.

La parte final del párrafo anterior obedece a las siguientes razones:

1)    Las universidades no son empresas, por ende no producen ni bienes de consumo económicos y no genera los recursos financieros que requiere, y no por incompetencia operativa, sino por no ser su responsabilidad.

2)    La responsabilidad de asegurar el ejercicio pleno del Derecho a la Educación, desde los niveles básicos hasta los superiores, es del Estado, a través de los gobiernos y las políticas públicas que instrumentan --o deben instrumentar-- para ello.

3)    Para asegurar de manera plena y cierta esta misión, en los ámbitos de la Educación Media Superior y Superior, el Estado y los gobiernos crearon las universidades y deben reconocer el ejercicio pleno de la Autonomía Universitaria, como se expresa en la mayoría de las Constituciones Políticas Nacionales o Estatales y regionales.

4)    El Estado, a través de los gobiernos, debe comprometerse con el respeto a este estatus jurídico y político.

Cuarto. Ahora bien, como hemos observado desde el impulso del Modelo Neoliberal de Desarrollo --subdesarrollo- Económico promovido con fe ciega desde el gobierno de Miguel de la Madrid, la política injerencista y violatoria de la Autonomía Universitaria es evidente y ha pretendido, hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, fortalecerla como patente de corzo. Recordemos, por principio de cuentas, que nuestra América Latina, a través de los intelectuales formados en nuestras Universidades Autónomas y Públicas, primero y, posteriormente, docentes e investigadores en los ámbitos de las ciencias sociales (Economía, Sociología, Ciencias Políticas, Derecho, etc.), desde los decenios que van de 1965 a 1985, aportaron para el análisis de las cuestiones que acontecían en nuestra región lo que se conoció como “Teoría de la Dependencia”.

Rememoremos, asimismo, que este grupo de intelectuales e investigadores impulsaron, en este mismo periodo de tiempo, el enfoque explicativo de nuestro desarrollo económico y político, así como las estrategias de investigación y diseño de opciones político-económicas para nuestra región, promovidas desde la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL).

Enunciemos tan sólo los nombres de Fernando Henriquez Cardoso, Theotonio Dos Santos, Vania Bambirra, Ruy Mauro Marini, Gérard Pierre Charles, Alonso Aguilar Monteverde, Fernando Carmona, Rufino Perdomo, etc., etc. Consideremos, asimismo, que los textos de estos autores eran textos de estudio, en ese mismo periodo, tanto en los niveles de la Educación Media Superior como Superior en muchas de las Universidades Autónomas y Públicas de nuestra región; mencionemos a la UNAM, la UAGro, BUAP, UAS, UABJO, UMSNH.

En estos mismos periodos de tiempo, para el caso particular de nuestro México, las universidades de Puebla, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca y Michoacán invariablemente fueron agredidas mediática, política, económica, policiaca y militarmente. Sus Rectores fueron asediados, perseguidos, difamados, encarcelados y objeto de intentos de homicidio. Recordemos tan sólo los casos de los Doctores Rosalío Wences Reza y Arquímedes Morales Carranza (ambos en Guerrero), Felipe Martínez Soriano (Oaxaca), el Ing. Luis Rivera Terrazas (Puebla), Jorge Medina Viedas (Sinaloa) y Eli de Gortari (Michoacán). Finalmente, se determinó autoritariamente asfixiar económica y financieramente a éstas.

Es decir, el Estado Mexicano, a través de los gobiernos Federal y Estatales, consideraron a estas universidades, a sus Rectores, a sus comunidades, sus programas educativos y su autonomía, objeto de ataque por no responder a sus intereses y concepciones del devenir nacional y universitario.

Ese y no otro ha sido el camino a seguir, esa y no otra ha sido la estrategia prínceps para controlar y, en caso necesario, sofocar militarmente a las universidades.

A partir de los sexenios de Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, se apostó preferentemente por la estrategia del control económico y financiero de las universidades –sin renunciar por ello a la consabida estrategia de la represión policiaco-militar y judicial, tanto masiva como selectivamente. Bástenos para constatar ello la historia de la relación Estado-Gobiernos-Universidades a lo largo de este periodo de tiempo.

Tal estrategia político-económica consistió primordialmente en otorgar presupuestos insuficientes a las universidades para su operación y desarrollo, asignar partidas presupuestales “alternas” que se “concursan” entre las universidades bajo el supuesto meritocrático de la “calidad” medida y tasada por el propio gobierno, sujeción a los controles gubernamentales de los “criterios de calidad” reducidos a un proceso progresivo de credencialización del conocimiento y de la producción académica y científica, subordinación de los criterios autónomos de ingreso, permanencia y promoción del personal académico a Reglamentos certificados por la SEP, subordinación de la evaluación docente y de investigación a los criterios de la SEP para asignar “estímulos económicos” a los docentes, fuera del salario, y fuera de cualquier Derecho Laboral, en fin, un proceso de permanente intromisión en las formas de gobierno y operación universitaria que llanamente dicho se enunciaría como VIOLACIÓN DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA MEDIANTE POLÍTICAS NEOLIBERALES.