Compartir la nota por:

El monto de recursos destinados al pago de servicios de comunicación social y publicidad del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo durante 2019, habría sido superior a lo invertido en carreteras, seguridad pública, instalaciones deportivas, cultura y obras de Salud, de acuerdo con la información pública difundida por la Plataforma Nacional de Transparencia.

A pesar de que en el presupuesto 2019, el gobierno de Morelos solicitó 89 millones de pesos para comunicación social, al final, ejerció un monto 129 por ciento superior, es decir, 189 millones 668 mil 580 pesos. Como publicó Apro en febrero pasado, el gobierno de Blanco manejó el 30 por ciento de su presupuesto total, unos 10 mil millones de pesos, con total discrecionalidad.

Los 189.7 millones de pesos destinados a comunicación social resultan un monto superior a loa invertido en carreteras que fue apenas de 157.5 millones de pesos, o en remodelación de edificios institucionales con 69.5 millones de pesos, vías de comunicación con 32.6 millones de pesos, seguridad pública con 27 millones de pesos, instalaciones deportivas con 13 millones, cultura con 9.6 millones y Obras de Salud con 5.7 millones de pesos.

Roberto Salinas, codirector de Morelos Rinde Cuentas, organismo dedicado a la búsqueda de la información pública, advirtió que el gobierno de Blanco implementa el mismo mecanismo que usaba Graco Ramírez en la pasada administración, que consiste en pedir un presupuesto muy bajo al inicio del año y luego ejercer los excedentes de forma discrecional, pero además, para entregar menos recursos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a quien por orden constitucional se debe entregar el 2.5 por ciento del presupuesto total.

Funcionario estaría cometiendo peculado

En tanto, el organismo Morelos Rinde Cuentas, hizo pública la lista de medios de comunicación que recibieron pago de la administración estatal por concepto de comunicación social y publicidad, en ella aparece su propio tesorero, Felipe de Jesús Hidalgo y Costilla Linares, quien habría cobrado 150 mil pesos. por concepto de servicios de comunicación social y publicidad en el año 2019, de acuerdo con la lista de medios de comunicación a los que pagó la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, lo cual configuraría el delito de peculado, además del conflicto de interés.

En la lista, hecha pública por la organización Centro de Investigaciones Morelos Rinde Cuentas, que a su vez la obtuvo a través de la Plataforma México de Transparencia, aparecen los nombres de las empresas de medios e incluye también nombres de periodistas y reporteros de la entidad. La lista es encabezada por TV Azteca SAB, SA de CV, que recibió 22 millones 968 mil pesos en 2019.

Le siguen la empresa que edita el Diario de Morelos con 14 millones 940 mil pesos, enseguida una empresa de espectaculares Grupo Viext, SA de CV, con un monto de 14 millones 565 540; seguida por la empresa que edita el diario La Unión de Morelos, con 13 millones 500 pesos. Entre los nueve últimos que aparecen en la lista se encuentra Felipe de Jesús Hidalgo y Costilla Linares, quien se desempeña como tesorero del gobierno del estado, con un monto de 150 mil pesos recibidos del erario el año pasado.

Sin importar el monto, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Morelos, el delito que se configuraría es el de peculado, pues según el artículo 279 de dicho ordenamiento, “comete el delito de peculado: I. Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objetivo dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente a los poderes, dependencias o entidades (…) o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa”.

Además, el hecho daría razón al inicio de un proceso de responsabilidad administrativa pues de acuerdo con el artículo 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Morelos, la acción de pagarse a sí mismo con recursos del erario de los cuales es responsable, el tesorero estaría cometiendo un conflicto de interés.

Por el monto del recurso que presuntamente distrajo el funcionario, que es igual a mil 775 veces la unidad de medida y actualización en el momento de cometer el delito, por el monto, se considera un delito grave, por lo que no tendría derecho a fianza, sino que se decretaría prisión preventiva durante todo el proceso.