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El Juzgado Octavo de Distrito con sede en Cuernavaca, admitió el juicio de amparo 943/2020, contra la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Morelos, así como el Sistema de Reinserción Social de la entidad, a las que se señala de ser omisas en la creación e implementación de programas para la atención, prevención, tratamiento de los casos de coronavirus en los penales de la entidad.

Fue el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez el que promovió, con otras organizaciones, el recurso. En el documento se demanda a las autoridades penitenciarias, como el gobierno del estado y las defensorías públicas que generen las medidas efectivas para poner un alto a las violaciones a los derechos humanos de los internos.

Familiares de internos han señalado que no hay atención médica, tampoco suministros que garanticen la higiene al interior de las cárceles, que no existen condiciones para la “estancia digna” de los internos, menos aún hay el acceso de las personas internas a pruebas para detectar covid-19, con todo lo cual se eleva el riesgo de contagio.

Con la demanda se pretende que el gobierno de Morelos, desde el gobernador, al secretario de Gobierno, la Comisión Estatal de Seguridad, responsable de los penales, la Fiscalía del estado, el Tribunal Superior de Justicia y demás funcionarios, sean citados para que expliquen cuáles son las medidas que han tomado en referencia al covid-19 y las cárceles.

En agosto pasado, Apro reportó que familiares y fuentes del interior de los penales, comenzaron a reportar los primeros casos de coronavirus en el penal de Atlacholoaya. El 30 de abril se reportó la primera muerte sospechosa de covid-19. En mayo se reportan, no oficialmente, otras seis personas internas y tres empleadas de haber muerto por coronavirus.

En junio murieron seis personas internas más y una custodia y se reportaron como sospechosas de covid-19. En tanto, de marzo a junio se reportaron mas de 50 internos trasladados a hospitales de Morelos, todos sospechosos de padecer covid-19.