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El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, fue nombrado por Graco Ramírez en el sexenio anterior, y luego entronizado por la pasada Legislatura, como el primero en ocupar la titularidad de la Fiscalía autónoma de la entidad, por los siguientes nueve años, hoy se encuentra en medio de una investigación por delitos graves a nivel federal, lo que ha provocado el inicio de un proceso de desafuero en el Congreso de la Unión.

El también notario público, es considerado un personaje cercano al tabasqueño exgobernador, a quien también se dieron facultades para nombrar a otros fiscales en la entidad, como el Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, antiguo abogado y consejero jurídico de Graco Ramírez. Ambos personajes fueron considerados por el director anticorrupción del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gerardo Becerra, como “el andamiaje para la impunidad” que dejó el exmandatario perredista.

Sin embargo, a partir de una supuesta denuncia ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió en mayo pasado la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEITATA-MOR/0000286/2020, en contra de Carmona Gándara por graves delitos tales como contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de delincuencia organizada en su modalidad de terrorismo, acopio y tráfico de armas, “y lo que resulte”.

Por si fuera poco, la investigación incluye también el hecho de que el fiscal de Morelos ha incumplido la presentación de los examenes de control y confianza, lo que constituye un delito que viola la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por todos estos delitos, la FGR solicitó hace menos de un mes, el 14 de diciembre de 2020, a través del oficio FGR/SEIDO/UEITA/TU/2092/2020, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una declaración de procedencia para poder actuar contra el servidor público de Morelos.

A finales de diciembre pasado, el fiscal fue entrevistado por medios de comunicación, a quienes dijo que no tenía conocimiento de la denuncia y sostuvo que los supuestos elementos que la sustentaban se debían a “infundios”. Esta misma semana, luego de que el Congreso de la Unión le notificó la solicitud de la FGR, Carmona Gándara ofreció una conferencia virtual para asegurar que la carpeta existe pero que sólo se limita al supuesto incumplimiento de los exámenes de control y confianza.

El funcionario dijo que existen irregularidades en el proceso en su contra, pues aseguró que corresponde al Congreso local y no al federal la competencia de quitarle el fuero para que la FGR actue en su contra. “Lo infundado de las acusaciones quedará en el análisis de la Cámara de Diputados del Congreso federal, sin perder de vista que lo que está en juego es la institución del Ministerio Público del estado de Morelos, evitando que se atente contra su autonomía constitucional”, dijo.

Negando todo elemento en su contra, dijo que como fiscal presentó los exámenes de control y confianza en febrero de 2018. Dijo que las pruebas fueron realizadas en la Dirección de Control y Confianza del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Aseguró que los examenes fueron aprobados y que la propia FGR tiene una notificación oficial al respecto.

El fiscal negó que haya elementos para proceder en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero. Carmona Gándara sostuvo que en el proceso que se le sigue está en riesgo la autonomía del Ministerio Público en la entidad, lo que estaría motivado porque “somos incómodos”, dijo.

“Pudiera tener ese origen, pero por el momento quisiéramos dejar este asunto en el plano de lo jurídico, dar cuenta a la ciudadanía de que los planteamientos de la SEIDO no tienen nada que ver con delincuencia organizada”, dijo Carmona Gándara.