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El representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), Jan Jarab, sostuvo una reunión con tres integrantes de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, para conocer de primera mano las acciones de acoso de parte del gobierno federal.

Jaime Domínguez, uno de los principales opositores a la termoeléctrica, el gasoducto y el acueducto, que forman parte del Proyecto Integral Morelos (PIM) informó que la reunión se llevó a cabo este martes por la mañana en la oficina de la ONUDH en la Ciudad de México y también participaron Teresa Castellanos y Samantha César, también opositoras al PIM.

Jan Jarab manifestó a los activistas la preocupación por las denuncias de acoso y hostigamiento de parte de distintos actores como las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como de grupos que se benefician de la imposición del PIM. Señaló que la oficina a su cargo ha buscado estar al pendiente de la situación, sobre todo luego de que el 20 de febrero pasado, fue asesinado otro de los activistas, Samir Flores Soberanes.

Los activistas pusieron al tanto de lo que ha venido ocurriendo durante este año, cuando el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, “echó por abajo las esperanzas de que se cancelara el PIM”. Dijeron que además de la consulta organizada por la Secretaría de Gobernación y realizada 23 y 24 de febrero, las denuncias en contra de los activistas continúan.

Narraron como el pasado 10 de abril, se organizó una protesta pacífica en las inmediaciones de la termoeléctrica para demandar su cancelación, en la que hubo pintas en las paredes. Y cómo está protesta sirvió de pretexto para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentara una denuncia por “daño moral” en contra de Domínguez y Castellanos, por lo que ahora ante el Ministerio Público Federal la CFE exige el pago de 69 mil pesos.

Jarab manifestó su preocupación por estos hechos, pues en el país se han registrado muertes de un número significativo de activistas defensores del medio ambiente y el territorio. Dijo que estará atento a la situación. Se estableció además una vía directa de comunicación para facilitar el aviso y lanzamiento de alertas junto con la oficina de Naciones Unidas.

En tanto, decenas de organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos, demandaron en un documento al gobierno federal, en específico al Presidente López Obrador, dejar de “criminalizar” a Jaime Domínguez, Teresa Castellanos y Juan Carlos Flores, éste último de Puebla, quienes han sido demandados por daño moral por la CFE. En el documento demandan al presidente y al titular de la CFE, Manuel Barttlet, “se desista de toda acción que criminaliza el Derecho Humano a la protesta”.

También demandan a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, garantice la integridad física y psicológica de Domínguez, Castellanos y Flores. El documento está firmado, entre otros, por la Fundación Don Sergio, Javier Sicilia, el Movimiento por La Paz con Justicia y Dignidad, Pietro Ameglio, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.