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El gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo cumple un año en medio pugnas internas en su equipo, de señalamientos de intromisión de su medio hermano, Ulises Bravo, de un creciente problema de seguridad pública en la entidad, así como de la falta de operación que afecta a los otros dos poderes estatales.

A ello hay que sumarle la impericia en parte de su equipo, así como las herencias de Graco Ramírez, a quién mantiene denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR), ante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, y, demandado políticamente ante el Congreso local, por actos de corrupción u omisión en el ejercicio de su gobierno.

Pero hasta el momento, las denuncias por desvío de recursos y omisiones del propio exgobernador o quienes fueran sus funcionarios, sólo hay algunas vinculaciones a proceso e incluso, ya se han registrado varias exhoneraciones por la incapacidad de la Fiscalía de comprobar las acusaciones. Un Fiscalía, por cierto, heredada también del gobierno de Graco Ramírez.

En el caso de la seguridad pública, los números no mejoran. Si bien se mantienen en la lógica nacional, donde el número de homicidios se incrementó con la llegada del nuevo gobierno, en Morelos, los actos delincuenciales han ido ocupando los espacios públicos más visibles: el zócalo de Cuernavaca, estaciones de autobuses, plazas comerciales, las calles.

Y aunque se reportan capturas importantes de líderes del crimen organizado, la violencia no cesa. En este año han caído algunos de los más buscados el sexenio pasado: Raymundo Salgado, alias El Ray, jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona oriente; Santiago Mazari, El Carrete, líder de Los Rojos; son dos de los más sonados casos de capturas. Aunque ambas se realizaron fuera de la entidad.

Sin embargo, esto sólo ha traído como consecuencia el incremento de la violencia según grupos empresariales y las propias autoridades locales. “Se incrementó la violencia, pero hay que ver que quienes están muriendo son miembros de los grupos criminales en pugna”, han dicho una y otra vez las autoridades.

Frente a estos hechos, el gobernador sólo ha alcanzado a decir que los estados requieren el apoyo de la federación: “los gobiernos locales no podemos con este problema sin el apoyo del gobierno federal, por eso estamos pidiendo la llegada de más elementos de la Guardia Nacional”. Sin embargo, la presencia de 450 elementos llegados desde julio pasado, no han cambiado en nada la situación.

Las últimas semanas han sido particularmente complicadas. Una balacera en la central camionera de la Estrella de Oro terminó con seis hombres muertos entre ellos un menor de edad y un líder del grupo criminal Gente Nueva, antes Guerreros Unidos; en tanto que el tercer fin de semana de septiembre resultó el más violento con el asesinato de 25 personas en menos de 60 horas.

Los feminicidios también siguen a la alza. En lo que va del año se han registrado casi 80 asesinatos dolosos de mujeres, de los cuáles la Fiscalía sólo ha calificado como feminicidio 22. Este día, por cierto, el jefe de la policía, el almirante José Antonio Ortiz Guarneros ha dicho que la mayoría de los casos son “daños colaterales”.

En el ámbito político, Blanco Bravo se deslindó a nivel local de Morena y el Partido del Trabajo y se concentró en lograr el registro de su partido, el Encuentro Social, en donde impuso como líder a uno de sus aliados políticos, el diputado federal Jorge Arguelles, quien ya presume que será el candidato a la gubernatura en 2024.

Esto le ha ocasionado que no tenga una mayoría definida en el Congreso local, donde los partidos políticos se han desdibujado. Morena tiene la mayoría pero en realidad son dos grupos que están en constante disputa; el PT a veces tiene dos diputados, otras veces tres, aunque ha podido construir junto con otros partidos un grupo que tiene peso en la negociación.

Los otros partidos jalan con el grupo que les convenga. La oposición no existe. El PRI ni siquiera tiene dirigencia formal, en el PAN los grupos terminaron por reventar al partido político y el PRD, después del gobierno de Graco, quedó más desprestigiado que a nivel nacional y reducido a la nada en términos electorales.

A ello hay que sumarle las constantes pugnas entre el Congreso y el Poder Judicial que hoy mantienen a ambos poderes en la parálisis. Tanto en uno como en otro, las personas que ocupan los cargos de dirección están sostenidas por mandato judicial en tanto se resuelven los distintos recursos legales que se han vertido por los distintos grupos en pugna en ambos poderes.

Al interior del gobierno, es un secreto a voces que hay al menos dos grupos en franco choque por el control de las distintas áreas de la administración. Por un lado, está el grupo que encabeza el exrepresentante de Cuauhtémoc Blanco, actual jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera.

En el otro extremo, está la facción que encabeza el medio hermano del gobernador, Ulises Bravo, que no tiene cargo formal en el gobierno. En este grupo también está el exabogado del exfutbolista, actual secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas. A ello se agregan los rumores de que podría dejar el cargo, mismos que han sido desmentidos por la propia administración. En ese contexto, Cuauhtémoc Blanco Bravo cumple su primer año de gobierno.