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La masacre de Temixco, una más de las acciones criminales del gobierno de Graco Ramírez - Foto: Foto: Margarito Pérez Retana

La policía de Graco cometió “ejecuciones arbitrarias”: CNDH

La masacre de Temixco, ocurrida en noviembre de 2017, fue protagonizada por elementos del Mando Único; fueron asesinadas seis personas, entre ellas dos menores

Por: Jaime Luis Brito, Visitas: 1353

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó que el gobierno de Graco Ramírez cometió “ejecuciones arbitrarias”, a través de la policía del Mando Único, particularmente en el asesinato de seis personas el 30 de noviembre de 2017 en Temixco, Morelos.

La investigación de la llamada “masacre de Temixco”, de la cual dio cuenta Apro en su momento, llevó a la CNDH a emitir una recomendación que solicite la reparación integral del daño a las víctimas, la rehabilitación a las víctimas que sufrieron lesiones, garantías de no repetición, así como compensación.

Pide además, que se continúe la investigación, no sólo de los elementos que participaron directamente, sino “de los servidores públicos que en su caso, autorizaron dichas conductas” violatorias de los derechos humanos. En este caso Jesús Alberto Capella Ibarra, titular en ese entonces de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, por lo tanto, jefe último de la policía estatal.

La llamada “masacre de Temixco” fue protagonizada por elementos del Mando Único.. Según se publicó en ese momento, un grupo de agentes policiacos llegaron a un domicilio ubicado en la colonia Rubén Jaramillo-La Nopalera, y accionaron sus armas, ingresaron a varios domicilios y en uno de ellos asesinaron a seis personas, incluido una bebé de meses.

Capella Ibarra aseguró en aquel momento que las seis personas habían muerto derivado del “fuego cruzado” que se dio entre los policías y presuntos integrantes de un grupo criminal. Luego salieron a la luz, fotografías de las personas asesinadas cuya ubicación en la casa, no tenía nada que ver con que hubiesen muerto en medio del fuego cruzado. Por estos hechos, la CNDH inició una investigación y emitió la recomendación número 21G, conocida como 21VG/2019.

La CNDH acreditó “violaciones graves a derechos humanos” como “a la legalidad, seguridad jurídica, al orden y la paz pública, derivado de la implementación inadecuada de políticas públicas para abatir los altos índices delictivos que imperan en el Estado de Morelos, imputables al Gobierno Constitucional de esa entidad federativa”.

También se acreditó la violación “al derecho a la inviolabilidad del domicilio, derivado de los allanamientos a las casas habitación en las que se encontraban” las víctimas. Asimismo, se violaron “los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, derivado de las detenciones arbitrarias cometidas en agravio” de siete personas. Además, se violó el derecho “ a la vida, con motivo del uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria” de seis personas, incluidos dos menores.

Dice la CNDH que se violaron además los derechos “a la integridad personal, con motivo del trato cruel, inhumano y/o degradante derivado de las lesiones inferidas” a cuatro víctimas, incluidas dos menores de edad, por parte de los policías. También se violaron los derechos a la legalidad, la seguridad jurídica, la libertad personal, la debida procuración de justicia, el derecho a la verdad, entre otros.

El documento de 358 páginas relata ampliamente cómo se desarrollaron los hechos y hace una serie de análisis en los que concluye que el gobierno del perredista Graco Ramírez, a través de su cuerpo policiaco estrella, el Mando Único, llevó a cabo ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, lo que derivó no sólo en violaciones a derechos humanos, sino en actos criminales contra de las víctimas.

Las recomendaciones están dirigidas al gobernador para que realice una reparación integral del daño a las víctimas y sus familias, que los inscriban en el Registro Nacional de Víctimas para que “tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”. También, que se brinde atención médica y psicológica a las víctimas y sus familias.

También le recomienda al gobernador que “se colabore ampliamente en las investigaciones ministeriales y los procedimientos administrativos” contra los presuntos responsables directos y sus mandos, tanto quienes participaron en la masacre, como aquellos que dilataron la justicia.

Además, le asigna un plazo de un año para implementar “acciones a través de políticas públicas adecuadas para solucionar y combatir los índices de violencia y criminalidad que imperan en el Estado de Morelos”. Dentro de un plazo de seis meses que en conjunto con los municipios se fortalezcan “nuevos mecanismos de participación ciudadana, que permitan escuchar a la población y atender problemáticas” como desempleo, pobreza, desigualdad social, prevención del delito, violaciones a derechos humanos y acceso a la justicia.

Al fiscal le solicita que continúe con la investigación de los delitos que se desprenden de la violación a los derechos humanos. Le pide también cursos para elementos policiacos y forenses, respecto del uso de la fuerza y de su labor como funcionarios.

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