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Ante la creciente crisis ambiental derivada de los residuos textiles, la diputada Andrea Gordillo Vega presentó ante el Pleno una iniciativa para reformar la Ley de Residuos Sólidos y de Economía Circular del Estado de Morelos, a fin de reconocer y regular de manera específica este tipo de desechos dentro del esquema de separación y valorización.

Al hacer uso de la palabra la legisladora señaló que, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, cada año se generan 92 millones de toneladas de residuos textiles en el mundo; la producción se duplicó entre 2000 y 2015, mientras que el uso de las prendas disminuyó 36%. Además, el 11% de los residuos plásticos proviene de ropa y textiles, y en 2023 apenas el 8% de las fibras se fabricaron con materiales reciclados.

Asimismo, la Alianza de las Naciones Unidas para una Moda Sostenible advierte que la industria textil contribuye entre el 2 y el 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, consume alrededor de 93 billones de litros de agua al año y genera el 20% de los contaminantes vertidos en ríos y cuerpos de agua, además de que más del 60% de las fibras son sintéticas, lo que agrava la contaminación por microplásticos.

Frente a este panorama, la propuesta legislativa contempla cuatro acciones centrales: incorporar la definición de “residuo textil” para dar claridad jurídica; establecerlo como fracción específica dentro de los residuos sólidos urbanos para permitir su separación diferenciada; impulsar campañas permanentes de concientización sobre consumo responsable, reutilización y donación; y obligar a industrias, comercios, maquilas y centros de distribución a implementar programas de acopio y planes de manejo.

“Morelos no puede quedarse atrás mientras el mundo avanza hacia modelos de producción y consumo responsables. Cada prenda que reutilizamos es un recurso que salvamos; cada prenda que reciclamos es contaminación que evitamos”, enfatizó Gordillo Vega, al subrayar que “legislar hoy en materia ambiental es garantizar un futuro sostenible para el estado”.