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La Presidencia de la República y la Cámara Minera de México (Camimex) acordaron crear una Mesa de Minería para analizar las necesidades del sector y tratar de impulsar su crecimiento.

En esa mesa, que estará presidida por Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, se abordarán las cuestiones fiscales y regulatorias y se fijarán compromisos sociales, ambientales y de inversiones. Fernando Alanís, presidente de la Camimex, informó que su gremio acordó con Romo la entrega de un documento al presidente Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de desmitificar la actividad minera.

En una ponencia en la Convención Internacional de Minería, Alanís mostró lo que será la portada de ese documento, en el que se incluye un dato que aclara un mensaje erróneo de López Obrador.

El 11 de agosto, López Obrador advirtió que su gobierno no entregará más concesiones a empresas mineras y pidió a dichas empresas invertir y cuidar el medio ambiente, así como contemplar incrementos en los sueldos de los trabajadores.

También dijo que durante más de tres décadas se concesionaron 80 millones de hectáreas, lo que representa 40% del territorio nacional. Alanís afirmó que la realidad es que las unidades mineras ocupan 0.012% de la superficie terrestre de México y que las concesiones mineras abarcan 20 millones de las 200 millones de hectáreas del territorio nacional.

Al respecto, Armando Ortega, presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México, indicó que el sector no tiene conocimiento oficial de que se haya suspendido la entrega de las concesiones mineras. “Una cosa es que se haya dicho, pero nosotros no estamos enterados”.

Otro punto que destacó es que la Camimex estimó en diciembre del 2018 que las inversiones en el sector sumarían 5,260 millones de dólares en el 2019, pero que estás sólo han llegado a 2,600 millones de dólares de enero a la fecha, por lo que ajustó su protección a la baja, sin especificar el nuevo monto.

En el 2018, las inversiones en la industria minera totalizaron 4,897 millones de dólares, mientras que el máximo histórico se alcanzó en el 2012, con 8,043 millones de dólares. Alanís destacó que la industria minera opera con una amplia diversidad de riesgos, entre ellos los relacionados con la inseguridad, las probabilidades de éxito de localizar un yacimiento y luego explotarlo, los precios internacionales, el medio ambiente y las localidades donde opera.

“Se requiere de una política pública que sea promotora del aprovechamiento de la riqueza geológica que tiene el país y que genere confianza entre los inversionistas”, dijo. En particular, pidió la eliminación de los desincentivos fiscales. Por ejemplo, la Camimex quiere que se otorgue la deducción de 100% de los gastos de exploración en el año en el que se otorgan, “como se hace en todos los países mineros”. También pidió la firma de pactos de estabilidad fiscal que den certidumbre a los inversionistas al congelar las contribuciones fiscales a 15 o 20 años, como ocurre en Perú, Chile y Argentina.