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El proyecto minero de la empresa Esperanza Silver de México, subsidiaria de Alamos Gold Inc, en Tetlama, Morelos, representa una inversión de 10 mil millones de dólares, lo que se traducirá en una derrama económica que generará empleos directos durante al menos 10 años, además de centenares de empleos indirectos, además de un proyecto de continuidad de turismo para la comunidad.

Lo anterior, aunado a que el modelo de minería actual, contra todos los señalamientos y prejuicios que existen en relación con esta industria, ha logrado superar enormemente los problemas ambientales que se generaban antaño. Actualmente, el modelo es social y ambientalmente responsable, con la comunidad y el entorno.

La zona que pretende intervenir, en el municipio de Temixco, sigue siendo una de las más atrasadas del estado. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el analfabetismo en la zona supera el 12 por ciento y únicamente 34 por ciento de la población tiene la primaria completa.

Además, el 21 por ciento de las viviendas de Tetlama tiene piso de tierra, y en el 2.4 por ciento de éstas no hay agua entubada. Son casi dos mil habitantes que vivían de un basurero que cerró en 2006 y, por esa razón, las fuentes de empleo son escasas y la marginación profunda.

La veta que pretende explotar Esperanza Silver de México es la única alternativa real de inversión en la zona y aún después de muchos obstáculos, de esperar varios años, finalmente ha obtenido los permisos necesarios para continuar sus trabajos de exploración en beneficio de la comunidad.

El proyecto de Esperanza Silver se propone como un “Nuevo Modelo de Minería Social y Ambientalmente Responsable”, único en el sector minero, al promover el desarrollo comunitario sustentable, en cuyo modelo empresarial, el respeto a los derechos humanos, los temas sociales y de protección ambiental, asumen un papel preponderante.

Según un documento interno de la empresa, el modelo cuenta con planes de gestión social, gestión ambiental, gestión cultural y gestión económica, mismos que se ajustan a la Agenda y los objetivos 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

Según un documento de la ONU, la minería debería contribuir a la erradicación de la pobreza, por lo que debería pagar impuestos y regalías, así como la proveduría local, el refuerzo de cadenas de valores locales, promoción de empleo inclusivo, preservación del acceso a la tierra, mediante la recuperación total de las comunidades reasentadas.

De igual forma, se demanda la conservación y reciclado del agua, controlar la calidad del agua, y la gestión de los recursos hidráulicos; mejorar la eficiencia energética e incorporar energías renovables, además de informar a la ciudadanía sobre las oportunidades y limitaciones.