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Luis Echeverría Álvarez murió en Cuernavaca este viernes por la noche y se fue en la impunidad, pues a pesar de ser el único mandatario mexicano que ha sido juzgado, hasta ahora, por sus crímenes, su castigo sólo alcanzó el arraigo domiciliario por nueve días, pues un juez rechazó, hace casi 20 años, la detención argumentando que los delitos habían prescrito.

Sus crímenes alcanzan la masacre contra el movimiento estudiantil y popular de 1968 ocurrida en Tlatelolco el 2 de octubre de aquel año; la otra matanza, ocurrida el 10 de junio de 1971 en el Casco de Santo Tomás, también contra estudiantes universitarios; así como la guerra sucia que sigue impune y que todo parece indicar, continuará así, que dejó una estela de crímenes de lesa humanidad, tales como desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, entre otras violaciones a derechos humanos ocurridas desde el Estado contra líderes sociales de nuestro país.

Sostengo que se mantendrán la impunidad, porque hasta ahora, ni el gobierno de la Esperanza, que era el de Andrés Manuel López Obrador, ni la Fiscalía General autónoma, han podido o querido acabar con ella, o al menos, combatirla frontalmente. Está claro que la persecución del delito sigue estando al servicio de los intereses del grupo gobernante y que la justicia se aplica a quienes electoral o políticamente conviene.

Hace unos días, para ejemplificar un poco, se presentó la iniciativa de una Comisión de la Verdad para dar verdad y justicia a las víctimas de la guerra sucia y en el pleno acto de su presentación, el Ejército volvió a dictar los términos, dejando en claro que el halo de impunidad que ha mantenido sobre sí continuará cubriendo los crímenes en los que han participado, como protagonistas, los integrantes de las Fuerzas Armadas del país.

Las dos transiciones que ha tenido el régimen político de México en las últimas décadas, la de 2000 y la actual, se mantienen plegadas a esos intereses. López Obrador llegó con una amplia legitimidad al poder y de todos modos decidió blindarse con el apoyo de las fuerzas armadas. Eso le ha costado caro, pues de a poco se ha convertido en su rehén y ello ha tenido como consecuencia que la justicia no sólo no llegue, sino que vivamos un proceso de militarización que será muy complicado desmontar en las próximas décadas. Sí, claro, no lo comenzó él, pero ha contribuido acre y gustosamente al mismo.

Echeverría murió en la impunidad y por lo que se ve, lo mismo ocurrirá con Carlos Salinas de Gortari (represión a perredistas y líderes sociales, saqueo del país), Ernesto Zedillo (Matanza de Acteal, represión), Vicente Fox (terrible corrupción de sus hijastros), Felipe Calderón (guerra contra las drogas) y Enrique Peña Nieto (corrupción, Ayotzinapa, Tlatlaya). Porque aún después de la consulta organizada hace un año, que no hacía falta, no hay nada claro en relación con el ofrecimiento de juzgar a los expresidentes de México. La impunidad persiste y persistirá.

Murió el Chacal, el presidente más represor de las últimas décadas. Murió impune. No hay consuelo en pensar en un inexistente infierno. Ni perdón ni olvido.

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