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El equipo de comunicación del diputado local Ángel Adame mi hizo llegar una serie de declaraciones relacionadas con su iniciativa de Ley de Búsqueda de Personas, misma que fue cuestionada por varias colectivas de víctimas el pasado miércoles en el propio Congreso del Estado y lo cual abordamos en este espacio ayer.

La queja de las colectivas, con quienes pudimos hablar directamente, fue que no se les tomó en cuenta para la creación de esta iniciativa y que existía una prisa para su aprobación en este mismo periodo por dos causas: primero, porque en septiembre vence el cargo de Wendy Guadalupe Ruiz al frente de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas; segundo, porque a mediados de agosto próximo se debe iniciar el trabajo del Centro Nacional de Identificación Humana, que será instalado en Xochitepec.

Como parte del derecho de réplica, se reproducen aquí de forma resumida los puntos de vista de Ángel Adame, para ampliar el debate que continúe y enriquezca una legislación que no debería existir, pero que es urgente porque la realidad nos dice que los sistemas de justicia y persecución de delito no funcionan en este país, y que debe existir para subsanar el hecho de que miles de personas desaparecen en este país, en este estado.

Dice el diputado que la iniciativa que pretende presentar no se armó de forma unilateral y menciona a varias colectivas de familias de personas afectadas por la desaparición de sus familiares. Asegura que para la confección de la legislación se invitó a estos colectivos y que también participó la comisionada estatal de búsqueda.

Sin embargo, en un tono distinto al que se lee en el comunicado a su nombre emitido el propio miércoles, dice que se van a armar mesas de trabajo en las comisiones para su discusión. No hay que olvidar que el proceso legislativo establece que al presentarse la iniciativa, la presidencia de la Mesa Directiva la turna a comisiones donde se tiene un plazo de 60 días para su dictaminación. En ese periodo, que no necesariamente es forzoso, se puede abrir el diálogo con los sectores interesados.

Luego de eso, se emite un dictamen mismo que se presenta dos veces al pleno, con el objetivo de que sea discutido y finalmente, en su caso, aprobado por mayoría, para luego turnarse a la Secretaría de Gobierno, misma que debe publicarlo en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. A partir de entonces ya se puede hablar de una ley vigente. A nivel federal se ha venido realizado el llamado Parlamento Abierto, un foro de duración casual, en el que se discuten con todos los sectores interesados las iniciativas a aprobarse.

En Morelos ya se llevó a cabo un proceso de esta naturaleza en relación con el sistema de fiscalización de los recursos públicos en el que se generó una interesante discusión donde fue la sociedad civil la que llevó la batuta. ¿Por qué no abrir un proceso de este tipo en relación con el tema de la búsqueda de personas? Frente a ello el diputado señala que no hay prisa para presentar la iniciativa, que en todo caso se abrirán mesas de trabajo.

A final, Ángel Adame asegura que su único objetivo es “Garantizar la eficiencia y la eficacia en los resultados en beneficio de las personas que están desaparecidas y sus familias. Garantizar el derecho de toda persona a ser buscada. No urge que se presente en este periodo, lo importante es que busquemos el cómo sí podemos garantizar esta legislación”. Y asegura que la ley no toca “cuestiones administrativas” respecto a cargos como el de la comisionada de búsqueda de personas.

Desde aquí pedimos que se abra un proceso de Parlamento Abierto para que las familias que han sido afectadas puedan participar en la discusión y enriquecimiento de esta legislación. No hace daño pues, como lo ha dicho el propio Adame, el diálogo es la fórmula. Que no quede en demagogia. Hasta el lunes.

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