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El problema de la violencia agudizado en el país con la declaración de guerra contra el crimen organizado que hizo el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa en 2006 ha dejado una estela de personas muertas y desaparecidas, y la consecuencia de miles de familias mutiladas. En 2011, el andar del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad por el país, surgió un nuevo actor político, o nueva actora política, para ponerlo en sus justos términos: la víctima.

Es un oxímoron decir que las víctimas pueden ser actoras políticas, pues la definición de víctima tiene connotaciones de indefensión y que irrumpa en la vida pública, levante la voz y se haga escuchar, suena contradictorio. Pero así es. Las madres buscadoras que se mueven en el país buscando a sus hijos, esposos, hermanos, familiares desaparecidos, han dejado su vida de lado para convertir en el centro de su actividad encontrarles.

Aunque el problema de la desaparición parece transversal a todos los sectores de la sociedad e interseccional, es decir, que afecta ricos y pobres, además no discrimina edad, género, color de piel, etc. No obstante, las personas indefensas de siempre, las más marginadas y jóvenes, siguen siendo el blanco de las bandas que trafican, tratan y matan a personas por deporte, por mercado económico, por cualquier causa.

Las mujeres buscadoras han respondido organizándose en colectivas. Caminando el país después de 2011 se dieron cuenta que había muchas otras personas sufriendo el mismo dolor. Así que se tomaron de la mano y comenzaron a caminar juntas. Así obligaron al poder a sentarse en el Castillo de Chapultepec a dialogar, crearon varias leyes federales y estatales para ser atendidas e instituciones especializadas en estas nuevas problemáticas, pero también comenzaron a rascar la tierra con sus propias manos.

Por eso, esperan ser tomadas en cuenta. Esperan que cualquier política pública que sea creada para ellas las tome en cuenta desde su diseño. El diputado Ángel Adame, que llegó a la curul local por el PAN aunque él dice que “tiene un origen ciudadano”, ha propuesto una reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos. Sin embargo, colectivas de familiares de personas desaparecidas, protestaron en las afueras del Congreso porque aseguran que no las han tomado en cuenta para el diseño de esa reforma.

Platicando con algunas de las familiares, me comentaron que no las tomaron en cuenta, que en la iniciativa se le quitan responsabilidades a la Fiscalía General de Morelos y se le otorgan a la Comisión de Búsqueda, particularmente en lo que tiene que ver con la custodia y tratamiento de los restos de personas que se encuentren en las diligencias de campo. Pero además, se incorpora a las actividades de búsqueda y atención a víctimas a dependencias como la Coordinación Estatal de Protección Civil, pero se deja fuera a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas.

En un comunicado de Ángel Adame se dice ayer: “Creo fervientemente en el dialogo, la vida me ha enseñado que las posturas extremas no son mejores aliados para lograr consensos. No obstante lo anterior, no permitiremos que intereses de grupo de ninguna especie detengan el avance, progresividad y desarrollo de un marco jurídico que impulse la mejora en la calidad de vida que merecemos los morelenses”.

Si el diálogo es la respuesta, ¿por qué no dialogar con todos los grupos? ¿A qué se refiere con “posturas extremas”, a las que manifiestan personas que tienen familiares desaparecidos? ¿Una persona que es víctima de un crimen extremo, como la desaparición de un familiar, cómo debería comportarse? ¿Cuáles son los “intereses de grupo”? ¿Según el legislador, cómo se impulsa la mejora en la calidad de vida con la ley que propone? En todo caso, si está a favor del diálogo, sería bueno abrir el diálogo a un Parlamento Abierto para discutir la iniciativa y que se fortalezca con las posturas de todas las colectivas. De otra manera, la postura de “soy ciudadano”, “creo en el diálogo”, etc, es pura demagogia.

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