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En un acto de profundo significado histórico y social, la gobernadora Margarita González Saravia encabezó la entrega de la iniciativa de reforma al artículo 2 BIS de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, impulsada por la diputada Guillermina Maya Rendón, con la cual se reconoce de manera plena la identidad, libre determinación y derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromorelenses, elevándolos al más alto nivel jurídico: la Constitución Política estatal.

Durante la ceremonia, realizada al exterior del Museo Regional de los Pueblos de Morelos, antes Palacio de Cortés, la mandataria estatal destacó que esta iniciativa representa un acto de justicia y dignidad, resultado del trabajo colectivo de las comunidades y de un proceso legislativo que escuchó directamente sus voces y propuestas.

“Que no se quede en un acto protocolario la entrega de esta nueva legislación, sino que de manera constante el pueblo decida sobre lo que quiere. En este estado, vamos a hacer, vamos a ayudar y vamos a colaborar para que las comunidades indígenas sean nuestra voz de mando. En este gobierno, el pueblo manda”, afirmó González Saravia.

La iniciativa fue entregada formalmente por la concejal vocera del municipio indígena de Hueyapan, Araceli Tapia Hernández, a la titular del Poder Ejecutivo, quien reconoció el compromiso de la diputada Guillermina Maya por integrar las propuestas de todas las comunidades de Morelos a través de foros y asambleas regionales.

Margarita González Saravia subrayó que el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromorelenses no sólo es un deber legal, sino un principio ético de su administración, que impulsa una visión de gobierno plural, incluyente y de territorio, donde las decisiones se construyen desde abajo y con la participación directa del pueblo.

En el evento se contó con la presencia del jefe de la Oficina de la Gubernatura, Héctor Javier García Chávez, diputadas y diputados locales, presidentas y presidentes municipales, regidoras, regidores, autoridades auxiliares, comisariados ejidales y comunales, representantes académicos, investigadores y ciudadanía en general y diversas autoridades estatales y municipales.