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El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, confirmó que Homero Figueroa Meza, alias “La Tripa”, detenido recientemente en San Pedro Cholula, Puebla, laboró en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) durante la administración municipal encabezada por Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Durante una entrevista, el edil señaló que tiene conocimiento de que Figueroa Meza formó parte del organismo operador de agua en ese periodo, aunque indicó que desconoce cuánto tiempo permaneció en el cargo.

Al ser cuestionado sobre si la presencia de “La Tripa” en el SAPAC podría interpretarse como una señal de que la dependencia estaba controlada por grupos delictivos, Urióstegui rechazó esa afirmación.

“No, no, no dije eso. Yo solo dije que esa persona laboró ahí”, respondió.

El presidente municipal insistió en que la única información que puede confirmar es que el hoy detenido trabajó en el organismo durante la administración de Cuauhtémoc Blanco.

Respecto a las condiciones en las que recibió el SAPAC, Urióstegui recordó que la dependencia arrastraba problemas financieros importantes derivados de administraciones anteriores. Señaló que durante los gobiernos de Cuauhtémoc Blanco y posteriormente de Francisco Antonio Villalobos se dejaron de cubrir diversos compromisos, entre ellos pagos a la Comisión Federal de Electricidad, impuestos y laudos.

Explicó que al inicio de su administración recibió un organismo con una deuda cercana a los mil millones de pesos, integrada por adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, impuestos retenidos, obligaciones con el Instituto Mexicano del Seguro Social, proveedores y laudos laborales, entre otros conceptos.

El alcalde también señaló que el SAPAC enfrentó durante años dificultades económicas que afectaron la prestación de los servicios. Recordó que la falta de pago por el consumo de energía eléctrica provocó cortes de suministro en algunos pozos, situación que derivó en problemas para el abastecimiento de agua potable en distintas zonas de la ciudad.

Asimismo, indicó que cuando asumió el gobierno municipal ya existían denuncias relacionadas con presuntas irregularidades y que durante su administración también se presentaron procedimientos ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, señaló que dichos asuntos continúan en integración dentro del Ministerio Público.

Urióstegui sostuvo que la falta de sanción a conductas ilícitas genera condiciones de impunidad y reiteró que corresponde a las autoridades ministeriales determinar si los casos pueden ser judicializados.