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El Congreso de Morelos derogó en 2014 del Código Penal el delito de trata de personas, porque éste pasó a ser delito federal, no obstante, a pesar de que a las entidades les corresponden acciones de prevención, en la entidad no existe un marco normativo para llevarla a cabo.

En el marco de las conmemoraciones por el Día Mundial contra la Trata de Personas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos urgió a que el Legislativo establezca a la brevedad este marco para que los municipios y el propio Ejecutivo estatal, realicen las acciones para prevenir este delito, presente en la entidad.

Demandó también que se actualice el Diagnóstico Estatal de Trata de Personas que se elaboró en 2012, sin embargo, no tiene datos actualizados. Este diagnóstico permitiría contar con información para definir líneas de acción para combatir efectivamente este delito.

Además, la CEDH hizo un llamado urgente a hacer frente a la desaparición de personas, pues, para empezar no se cuenta con una base de datos que contenga información clara y precisa, para poder combatir efectivamente éste y otros delitos. Según el organismo, durante 2018 desaparecieron 515 personas, de las cuales 294 son mujeres; de ellas, 183 fueron encontradas, las demás no.

La trata de personas es un delito que es reconocido por el Protocolo de Palermo como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de una o más personas con fines de explotación, siempre y cuando se recurra a la coerción, fraude, engaño, abuso de poder, abuso de una situación de vulnerabilidad o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la otra”.

Según las cifras que se tienen a nivel internacional, la trata se comete particularmente para la explotación sexual y laboral. Este delito se inicia con la desaparición de las personas. Según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, el 72 por ciento de las víctimas detectadas por trata son mujeres y niñas.