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Más de 9 mil llamadas falsas o de broma llegaron al número de emergencias 911 en Morelos durante septiembre, casi la mitad de los reportes recibidos en ese periodo. La cifra representa un promedio de 312 comunicaciones improcedentes al día, de acuerdo con datos presentados por la vocera de seguridad estatal, Sara Olivia Parra Téllez.

En total, el sistema recibió 19 mil 263 llamadas durante el mes. De estas, 9 mil 344 no correspondieron a emergencias reales, mientras que 9 mil 919 fueron reportes efectivos, equivalentes al 51.5 por ciento.

La proporción preocupa por las consecuencias que puede tener el uso indebido de las líneas de auxilio. Las llamadas falsas ocupan tiempo de los operadores y pueden generar movilizaciones innecesarias de policías, ambulancias y personal de protección civil, mientras otras personas requieren atención urgente.

Ante esta situación, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad puso en marcha una campaña en medios de comunicación y redes sociales para promover el uso responsable del 911.

Parra Téllez señaló que el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) revisa los tiempos de respuesta para procurar que las emergencias reales sean atendidas lo antes posible. Sin embargo, no se proporcionaron cifras sobre cuántos minutos adicionales podrían generar las llamadas improcedentes ni sobre el número de servicios movilizados por estos reportes.

El uso indebido del 911 puede llevar a prisión

En Morelos, las llamadas falsas que provocan la movilización de cuerpos de seguridad, protección civil o bomberos pueden tener consecuencias penales. El artículo 267 Bis del Código Penal estatal contempla sanciones para quienes realicen avisos falsos con ese propósito.

Según la información proporcionada, las penas previstas van de tres meses a dos años de prisión y multas de diez a 100 días de salario mínimo. En caso de reincidencia, aumentan de dos a cuatro años de prisión y de 500 a mil días de multa. Cuando la conducta provoca un accidente o daños, se contemplan penas de tres a cinco años de prisión y una multa de 200 días.

Si la persona responsable es menor de edad, el caso se atiende conforme a la legislación especializada en justicia para adolescentes.

Por otra parte, en el Congreso de Morelos se analiza la posibilidad de endurecer las sanciones por el mal uso de las líneas de emergencia. No obstante, la información disponible no identifica la iniciativa ni precisa en qué etapa del proceso legislativo se encuentra.

Las cifras de septiembre muestran la dimensión del problema, pero no detallan cuántas llamadas fueron intencionalmente falsas, cuántas correspondieron a errores o qué tipo de emergencias concentraron los reportes reales. Esa información permitiría dimensionar mejor el impacto de las comunicaciones improcedentes sobre la capacidad de respuesta de los servicios de auxilio.