Compartir la nota por:

Cinco años después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, mucho se ha escrito y dicho. No son los únicos desaparecidos de la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón Hinojosa, pero son el caso insignia, es decir, lo que ocurra con este tema desatará sin duda una serie de movimientos que permitan avanzar en la investigación e identificación de los casi 50 mil desaparecidos que hay en este país. En eso confío.

Para Enrique Peña Nieto y sus funcionarios, los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, significaban un hecho más, así que el entonces presidente lo dejó muy claro con aquella frase que dijo en diciembre de ese mismo: “Ya supérenlo”, en referencia al dolor de las familias que perdieron un hijo en los hechos de la Noche de Iguala.

A ello se sumó la siembra de pruebas en el río San Juan, en el municipio de Cocula, Guerrero, así como las confesiones arrancadas y alineadas a la versión oficial bajo la imposición de castigos corporales, maltratos y tortura, que luego el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, llamaría “la verdad histórica”: Los estudiantes habían sido llevados por delincuentes al basurero de Cocula, luego incinerados ahí mismo esa noche y las cenizas llevadas al río.

Nadie creyó en ello. Bueno, ninguno de los padres, ninguno de los estudiantes sobrevivientes, ninguna de las organizaciones civiles de defensa y promoción de los derechos humanos, ningún periodista que tuviera algo de sensibilidad y ética. Los únicos que creyeron la “verdad histórica” fueron aquellos que querían darle la vuelta al asunto, o quienes fueron aceitados para participar en el clamor coral y para aplaudir como focas (la mayoría de ellos hoy son bastante críticos con la misma versión que apuntalaron durante los pasados cinco años).

La verdad es que todos los días, durante la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, se ha venido fortaleciendo la hipótesis que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): los jóvenes normalistas, que retenían autobuses para trasladarse a la marcha del 2 de octubre de 2014, tomaron uno que transportaba droga hacia los Estados Unidos.

Por ello, el grupo criminal los Guerreros Unidos reaccionó con tanta virulencia. Según información que se ha conocido después, cada camión viaja con dos kilogramos de goma de opio traída desde la sierra donde se siembra amapola. Este cargamento costaba entonces, según información oficial, unos 90 mil dólares, algo así como 20 millones de pesos.

Son muchas las preguntas que faltan por responder. Por ejemplo, ¿Por qué las autoridades del gobierno federal anterior no investigaron a las empresas camioneras? ¿Por qué el gobierno federal anterior decidió desechar esta hipótesis y alinear todos los elementos que tenía para apuntalar su “verdad histórica”? ¿Fue para proteger la ruta de trasiego? ¿Fue para proteger a los empresarios, quienes podrían tener “agarraderas” en altos niveles?

Afortunadamente, por demanda de los padres de los normalistas desaparecidos, dos de los participantes en el GIEI están de vuelta en el país, con la anuencia del nuevo gobierno: Ángela Buitrago, exfiscal general de Colombia; y, Francisco Cox Vial, connotado abogado chileno. Su presencia será fundamental para la resolución del caso.

Por lo pronto, varios de los funcionarios que construyeron la versión de la “verdad histórica”, están siendo investigados, aunque, por otro lado, como consecuencia de los ilegales procesos judiciales contra los más de 100 detenidos, es posible terminen en libertad, como ya ocurrió con algunos de ellos. Lo único cierto es que la sola voluntad del gobierno federal no será suficiente para resolver el caso. Será, ha sido y es fundamental la participación de la sociedad civil.

A la terca memoria de recordar mes con mes a los 43, se deben incorporar nuevas acciones para lograr la resolución de este caso. Además, la suma de los más de 50 mil desaparecidos en el país. La mayoría de ellos no ocurrieron en este gobierno, pero al final, son una herida abierta y la justicia una deuda de Estado. Resolver Ayotzinapa es urgente, pero no es el único caso. No hay que olvidar las demás historias que han sido truncadas.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Twitter: Patrio74

Facebook: JaimeLuisBritoV