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En Morelos ocurre algo que revela, con crudeza, cómo se gobierna cuando el miedo pesa más que la Constitución. El Congreso local lleva casi dos años evadiendo una orden judicial clara, reiterada y firme: derogar los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto voluntario. No es una recomendación. No es una sugerencia. No es un debate moral. Es una sentencia federal que obliga al Legislativo a cumplir.

Pero algunos diputados y diputadas decidieron que el derecho de las mujeres a decidir no es un derecho, sino una opción política, un tema que puede posponerse, esconderse, someterse a votación o, peor aún, colocarse por debajo de sus creencias religiosas y de sus cálculos electorales. En Morelos, el derecho a decidir está secuestrado por las creencias de algunos, por la ignorancia y por qué no decirlo, la cobardía también de algunos.

La orden judicial que el Congreso decidió ignorar

El Juzgado Noveno de Distrito ordenó al Congreso eliminar la fracción I del artículo 115 y los artículos 116, 117 y 119 del Código Penal. Lo hizo porque criminalizar el aborto vulnera derechos humanos, contradice criterios de la Suprema Corte desde 2021 y perpetúa desigualdades que el Poder Judicial Federal ya declaró inconstitucionales.

La orden se emitió en 2024. Se reiteró en 2025. Se volvió a reiterar en 2026. Fueron tres veces, tres llamados y tres advertencias.

El Congreso respondió con evasivas: posponer la discusión, romper el quórum, pedir “aclaraciones”, notificar “imposibilidad” de cumplir por “obstáculos internos”. El juez lo dijo sin rodeos: son maniobras para no acatar la sentencia de amparo.

La ingeniería del incumplimiento: cómo se fabrica la evasión

Lo que hemos documentado es un patrón claro:

• Posposición sistemática: el dictamen se empuja al final del plazo.
• Solicitudes de aclaración: se pide al juez explicar lo que ya explicó.
• Falta de quórum deliberada: legisladores se ausentan para evitar votar.
• Notificación de “imposibilidad”: el Congreso dice que no puede cumplir.
• Nueva evasiva ante nueva orden: se pide otra explicación cuando el juez añade la obligación de coordinarse con Salud.

No es torpeza. No es confusión. Es resistencia política.

La captura religiosa del Congreso: cuando la fe pesa más que la Constitución

En Morelos, algunos diputados y diputadas han decidido que su fe está por encima de la ley. No lo dicen así, pero lo hacen así. Se alinean con grupos como “40 Días por la Vida”, que presionan directamente para que el Congreso ignore los criterios de la Suprema Corte y mantenga la penalización.

La narrativa es conocida:

• “La Corte no puede obligarnos.”
• “El Congreso debe decidir.”
• “Hay que escuchar todas las voces.”
• “No podemos votar algo que va contra nuestras creencias.”

Pero el derecho a decidir no es propiedad del Congreso. No es propiedad de la Iglesia. No es propiedad de los grupos conservadores. No es propiedad de quienes creen que la moral privada debe gobernar la vida pública.

El derecho a decidir es propiedad de las mujeres. Y el Congreso está obligado a garantizarlo, no a someterlo a votación.

El miedo electoral: legislar con la vista puesta en la parroquia

Hay diputadas y diputados que no quieren votar porque temen represalias de la Iglesia, porque creen que su reelección depende de no “quedar mal” con los grupos conservadores, porque piensan que el derecho de las mujeres es negociable, porque prefieren proteger su carrera antes que proteger la Constitución.

Cuando un legislador dice que “no está de acuerdo”, lo que realmente está diciendo es que no está de acuerdo con la Constitución.

Cuando dice que “hay que votar”, lo que realmente está diciendo es que su opinión personal vale más que los derechos humanos.

Cuando dice que “hay que escuchar todas las voces”, lo que realmente está diciendo es que la voz de las mujeres no basta.

El derecho a decidir no se vota: se garantiza

La Suprema Corte estableció desde 2021 que criminalizar el aborto es inconstitucional. No hay margen para interpretaciones. No hay espacio para negociaciones. No hay posibilidad de que el Congreso “decida” otra cosa.

El Congreso no está discutiendo una reforma. Está discutiendo si cumple o no cumple la Constitución. Y hasta ahora, ha decidido no cumplir. Recuerden que cuando tomaron posesión juraron guardar y hacer guardar la Constitución. Esa expresión significa que deben cumplirla primera que nadie.

Conclusión: retardar la votación también es violencia

La criminalización del aborto es violencia institucional. La evasiva legislativa también lo es. La captura religiosa también lo es. El miedo electoral también lo es.

Morelos tiene una orden judicial firme. Tiene criterios constitucionales claros. Tiene un mandato federal reiterado. Tiene un derecho que debe garantizar.

Lo que no tiene es un Congreso dispuesto a cumplir.

Porque algunos diputados y diputadas prefieren proteger su parroquia, su reputación conservadora o su carrera política antes que proteger los derechos de las mujeres.

Y eso, en cualquier democracia, tiene un nombre: traición al mandato constitucional.