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La discriminación contra mujeres indígenas no es un fenómeno aislado ni un episodio ocasional: es una estructura que se repite todos los días en instituciones que deberían protegerlas. Las declaraciones de la diputada Guillermina Maya Rendón no revelan una novedad, sino una verdad incómoda que Morelos ha preferido mirar de reojo: en municipios como Xoxocotla y Coatetelco, la discriminación es cotidiana, persistente y normalizada. Y lo más grave es que ocurre justo donde debería garantizarse igualdad: en los servicios de salud, en las escuelas y en la procuración de justicia.

La diputada lo dice sin rodeos: los tratos discriminatorios suceden “a diario”. No se trata solo de falta de recursos o de saturación institucional; se trata de falta de sensibilidad, de ausencia de perspectiva intercultural y de una distancia histórica entre las instituciones y los pueblos originarios. Una mujer indígena que llega a un centro de salud no solo enfrenta la enfermedad: enfrenta la posibilidad de ser ignorada, infantilizada o tratada como si su lengua, su vestimenta o su origen fueran obstáculos para recibir atención. En educación ocurre algo similar: niñas y jóvenes que cargan con estigmas antes de entrar al aula, como si su identidad fuera un problema y no una riqueza cultural. Y en justicia, la situación es aún más cruda: la cifra negra es enorme porque muchas mujeres no denuncian. No confían en la Fiscalía, temen ser juzgadas sin perspectiva étnica y saben que el sistema no está diseñado para escucharlas.

Lo que ocurre en Xoxocotla y Coatetelco no es una excepción; es un síntoma. La ENADIS 2022, levantada por INEGI, confirma que la discriminación hacia personas indígenas y hacia mujeres es un fenómeno estructural en todo el país. Las personas indígenas reportan trato desigual por su lengua, vestimenta y origen étnico. Las mujeres reportan discriminación en salud, trabajo y justicia, además de mayor exposición a violencia de género. Cuando ambas condiciones se cruzan —ser mujer y ser indígena— la vulnerabilidad se multiplica. No es una suma: es una intersección que produce desigualdades más profundas y más persistentes.

Frente a este panorama, la diputada Maya impulsa una respuesta institucional que merece atención: casas de justicia comunitarias en zonas indígenas, como la de Hueyapan. La idea es acercar asesoría jurídica, acompañamiento y mecanismos propios de los pueblos originarios para resolver conflictos y proteger derechos. No se trata de sustituir al Estado, sino de complementarlo con estructuras que sí entienden la lengua, la cultura y las dinámicas comunitarias. En un contexto donde la justicia formal suele ser inaccesible, estas casas pueden convertirse en puentes reales entre las mujeres y sus derechos.

Pero Maya también advierte algo fundamental: sin sensibilización y capacitación en instituciones de salud, educación y justicia, cualquier esfuerzo será insuficiente. No basta con abrir oficinas o crear programas; se necesita transformar la forma en que el Estado mira y atiende a las mujeres indígenas. La discriminación no se combate solo con leyes, sino con prácticas cotidianas que reconozcan la dignidad de quienes históricamente han sido relegadas.

La discriminación contra mujeres indígenas no es un problema de Xoxocotla o Coatetelco: es un problema de Morelos y de México. Es un espejo que revela nuestras omisiones colectivas. Y es, sobre todo, una deuda histórica que no puede seguir escondiéndose detrás de discursos de inclusión que no se traducen en trato digno. La pregunta no es si existe discriminación; la pregunta es cuánto tiempo más vamos a tolerarla como si fuera parte natural del paisaje institucional.

La diputada Maya pone nombres y lugares. INEGI pone el marco estructural. Juntas, ambas piezas revelan una verdad que obliga a actuar: la discriminación contra mujeres indígenas es cotidiana, es profunda y es evitable. Pero solo será evitable si el Estado —en todos sus niveles— decide dejar de mirar desde arriba y empieza a escuchar desde adentro.

Morelos no necesita más diagnósticos. Necesita voluntad. Y necesita, sobre todo, reconocer que la igualdad no se decreta: se practica.