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La sequía severa que golpea a Morelos no es un fenómeno aislado ni una mala temporada agrícola: es la evidencia de nuestra vulnerabilidad estructural frente al clima, la gestión del agua y la dependencia del temporal. El Niño, combinado con la Canícula, ha dejado al descubierto un estado que vive entre ciclos de abundancia y crisis, pero que rara vez se prepara para lo que viene. Hoy, con pérdidas de hasta 70% en cultivos de temporal y daños irreversibles en parcelas, el campo morelense enfrenta una de sus peores temporadas en décadas.

Los datos son contundentes. Sedagro confirma que 232 ejidos están siendo evaluados y que, en muchos casos, aunque llueva ya no habrá recuperación. El maíz —nuestro cultivo identitario— es el más afectado. En otras parcelas, la producción apenas alcanzará la mitad de lo esperado. La sequía no solo quema la tierra: quema el ánimo de miles de familias que dependen del temporal para sobrevivir. Y lo hace en un contexto donde la agricultura de subsistencia sigue siendo la columna vertebral de regiones enteras del sur, surponiente y oriente del estado.

Municipios como Tlaquiltenango, Cuentepec, Xoxocotla, Mazatepec, Zacatepec, Tepalcingo y Axochiapan concentran los daños más severos. No es casualidad: son zonas donde el temporal define la vida comunitaria, donde el agua es un recurso frágil y donde la infraestructura hídrica nunca ha sido suficiente. La sequía no solo afecta cultivos; afecta la cohesión social, la economía local y la seguridad alimentaria. Cuando el campo se quiebra, todo lo demás se resiente.

El Niño también amenaza la recuperación de presas y mantos acuíferos. NOAA estima más de 80% de probabilidad de consolidación del fenómeno entre mayo y julio, con efectos intensificados en agosto y septiembre. La escasez de agua podría prolongarse hasta el invierno. Esto significa que las presas podrían no recuperar niveles óptimos y que 2027 podría ser aún más crítico. La reducción de lluvias útiles, el debilitamiento de tormentas del Golfo y la presión sobre acuíferos profundos configuran un escenario que exige planificación, no solo reacción.

El Gobierno de Morelos ha activado seguros catastróficos por 107 millones de pesos y protocolos de atención en ejidos. Es un paso necesario, pero insuficiente frente a la magnitud del daño. Los recorridos técnicos y la evaluación de daños ayudan a dimensionar la crisis, pero no resuelven el problema estructural: la dependencia del temporal, la falta de infraestructura hídrica y la ausencia de políticas de adaptación climática sostenidas en el tiempo.

Las recomendaciones técnicas de NOAA y Protección Civil —ajustar fechas de siembra, usar semillas de menor requerimiento hídrico, suspender quemas y almacenar agua— son medidas de mitigación, no soluciones de fondo. El campo morelense necesita algo más profundo: inversión en sistemas de riego, tecnificación, capacitación, manejo comunitario del agua y políticas que reconozcan que el clima ya no es el mismo y que el temporal ya no garantiza nada.

INEGI, por su parte, no mide directamente la sequía por El Niño, pero sí ofrece indicadores agropecuarios, climáticos y registros de siniestros que permiten cuantificar el impacto. La atribución climática proviene de NOAA, CONAGUA y Sedagro, pero la medición del daño está ahí: en los tabulados, en los mapas de uso de suelo, en las series históricas de precipitación. La sequía no es percepción: es dato duro.

El Niño nos deja una lección incómoda: Morelos no puede seguir dependiendo de la suerte climática. La sequía de 2026–2027 será recordada como un punto de quiebre si decidimos actuar; o como un preludio si decidimos ignorarla. El campo está hablando, y lo hace con la crudeza de la tierra agrietada y las milpas perdidas. La pregunta es si vamos a escucharlo o si vamos a esperar a que la próxima sequía nos vuelva a tomar por sorpresa.