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En la madrugada del 19 de abril, un grupo de encapuchados violó accesos e ingresó a las oficinas administrativas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales para vandalizarlas. No eran estudiantes identificados. No eran parte del movimiento. La Resistencia se deslindó de inmediato, denunciando infiltración. El ataque ocurrió horas después de que la mesa de diálogo del sábado 18 alcanzara sus primeros acuerdos sobre seguridad y reconocimiento jurídico.

El mensaje era evidente: alguien necesitaba romper el clima de avance.

Pero el cálculo falló.

Porque lejos de fracturar el proceso, el sabotaje obligó a ambas partes a tomar decisiones rápidas, a reconocer la vulnerabilidad del campus y a construir un acuerdo urgente para proteger instalaciones, expedientes y personas.

El ataque que buscaba caos produjo orden.

Dos días después del sabotaje, UAEM y la Resistencia Estudiantil alcanzaron un acuerdo (que será votado y validado por las asambleas estudiantiles, al parecer hoy mismo) para: relevar a los estudiantes del control de las puertas 1 y 2, devolviendo la vigilancia a la institución;trasladar las operaciones del movimiento al edificio 19, manteniendo su capacidad organizativa; crear una comisión paritaria para documentar el estado de los inmuebles, del patrimonio, de la documentación, etc.; establecer un mecanismo de seguimiento con cronogramas públicos.

Es decir: el sabotaje obligó a ordenar lo que se había estancado.

La Rectoría, que había advertido sobre riesgos por “agentes externos” e incendios recientes, encontró en el ataque un punto de inflexión para plantear medidas de resguardo que antes no avanzaban. La Resistencia, por su parte, entendió que proteger el campus también era proteger su propia legitimidad.

El sabotaje reveló intereses, pero también límites. El ataque buscaba tres efectos:

Deslegitimar a la Resistencia.

Endurecer la postura de la Rectoría.

Romper la mesa justo cuando se discutía el reconocimiento jurídico del movimiento.

Pero ocurrió lo contrario:

La Resistencia salió fortalecida al deslindarse con rapidez.

La Rectoría obtuvo condiciones para retomar control sin romper el diálogo.

La mesa avanzó hacia acuerdos concretos.

El sabotaje, pensado para prolongar el conflicto, terminó acortándolo. O al menos esa es la esperanza.

Conclusión

El ataque del 19 de abril fue un intento claro de descarrilar el proceso. Pero el cálculo falló. El sabotaje no rompió el diálogo: lo aceleró. No debilitó a las partes: las obligó a acordar. No prolongó la crisis: la encaminó hacia una salida.

En la UAEM, por primera vez en semanas, el caos produjo claridad. Y quienes apostaron por incendiar el proceso terminaron viendo cómo, al día siguiente, las partes firmaban el acuerdo que querían evitar.

Ahora hay que estar más atentos, porque quienes no quieren que esto se arregle, que se concreten acuerdos, van a seguir intentando romper la negociación.