Tuvieron que pasar 11 años para que Alberto Fernando Téllez Guzmán regresara con su familia. Once años en los que su padre y sus seres queridos pensaron que se había ido sin despedirse. Once años en los que él estuvo ahí, en el Servicio Médico Forense de Morelos, esperando que alguien hiciera su trabajo.

No fue el Estado quien lo encontró. No fue la Fiscalía. No fue ningún protocolo institucional.

Fue un colectivo: Buscadoras del Sur de Morelos. Fue la desclasificación de archivos de personas no identificadas realizada en octubre de 2025 por la actual Fiscalía, que algo ayudó. Fue una fotografía. Una sola. Y la familia lo reconoció de inmediato.

Alberto volvió a casa. Pero volvió para recordarnos que el sistema sigue roto.

𝐋𝐚𝐬 𝐟𝐨𝐬𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫: 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢ó𝐧

El caso de Alberto no es una excepción. Es un síntoma. Es la prueba de que la desaparición institucionalizada no terminó con las fosas de Tetelcingo y Jojutla: continuó después, silenciosa, burocrática, normalizada.

Los hechos documentados por colectivos, periodistas y organismos de derechos humanos señalan que:

Bajo el gobierno de Graco Ramírez, la Fiscalía dirigida por Rodrigo Dorantes inhumó ilegalmente a centenares de personas en Tetelcingo (marzo de 2014) y Jojutla (julio de 2014).

No se aplicaron protocolos mínimos de identificación.

No se notificó a familias.

No se resguardaron evidencias.

No se creó un registro confiable.

Es decir: el Estado desapareció personas que ya estaban muertas. Las volvió a desaparecer. Las escondió. Las borró.

Y el caso de Alberto demuestra que el patrón continuó después. Que no se trató de un episodio aislado, sino de un sistema operativo: personas fallecidas que permanecieron una década sin ser identificadas, sin ser buscadas, sin ser entregadas.

𝐓𝐫𝐞𝐬 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐞𝐬, 𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐥𝐨𝐬… 𝐲 𝐮𝐧 𝐦𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨

Morelos tuvo tres fiscales en ese periodo crítico. Tres estilos distintos. Tres discursos distintos. Pero un mismo saldo: impunidad.

Rodrigo Dorantes Fue bajo su gestión que se realizaron las inhumaciones ilegales. Las fosas no fueron un accidente: fueron una práctica institucional.

Javier Pérez Durón Llegó después. Se sensibilizó, sí. Escuchó a colectivos, sí. Pero el sistema que heredó siguió operando. No rompió la estructura que producía desapariciones administrativas.

Uriel Carmona Declaró públicamente que en las fosas “solo había faltas administrativas”. Minimizar lo ocurrido fue su sello. Y durante su gestión no hubo avances sustantivos para resolver el desastre forense, más bien parece que el patrón continuó.

Tres fiscales. Dos gobiernos: Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco. Y un hilo conductor: la incapacidad —o falta de voluntad— para enfrentar un crimen de Estado, que parece también complicidad.

𝐋𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐩𝐚𝐫𝐢𝐜𝐢ó𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥: 𝐞𝐥 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐜𝐞𝐬𝐚

El caso de Alberto revela algo más profundo: la desaparición no termina cuando alguien muere. Puede continuar en refrigeradores, en archivos, en bodegas, en planchas metálicas, en carpetas sin nombre.

La desaparición puede ser:

una fosa clandestina,

una fosa irregular del Estado,

un Semefo sin protocolos,

un archivo sin abrir,

una fotografía que nadie revisa.

La desaparición también es indolencia. Es omisión. Es burocracia que mata dos veces.

¿𝐐𝐮é 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐡𝐨𝐲? ¿𝐐𝐮é 𝐩𝐨𝐝𝐫í𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚𝐫 𝐦𝐚ñ𝐚𝐧𝐚?

Las actuales autoridades han comenzado a abrir archivos, a desclasificar información, a trabajar con colectivos. No es suficiente, pero es un inicio. Por primera vez en años, parece haber un intento de romper el sistema que se heredó.

Pero nada cambiará si no se construye una gobernanza distinta entre autoridad y colectivos. Una relación horizontal, no paternalista. Una política pública que reconozca que las familias saben más que los expedientes. Que los colectivos han hecho el trabajo que el Estado no quiso hacer. Y ahí, el fiscal Fernando Blumenkron ha dicho que pone a las víctimas en el centro, es un cambio en el discurso, que ahora parece acompañarse de la práctica. Lo celebramos.

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢ó𝐧:

Alberto volvió para decirnos que no hemos cambiado lo suficiente.

Alberto regresó a casa. Pero regresó para recordarnos que cientos más siguen ahí, esperando que alguien abra un archivo, una caja, una carpeta, una fotografía.

Regresó para recordarnos que las fosas de Tetelcingo y Jojutla no fueron el final, sino el inicio de una verdad incómoda: el Estado mexicano puede desaparecer personas incluso después de muertas.

Regresó para recordarnos que la memoria no se archiva. Que la verdad no se entierra. Y que la justicia no llega sola.

Morelos tiene una deuda enorme. Y mientras no se rompa el sistema que produjo casos como el de Alberto, esa deuda seguirá creciendo.

Porque sí: memoria tenemos.