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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha desnudado la falacia del gobierno de Graco Ramírez de que en Morelos quería “construir una sociedad de derechos”. Lo cierto es que la pasada administración, la del perredista tabasqueño, fue una verdadera pesadilla en esa materia.

Quizás lo único que hay que agradecer, es el matrimonio igualitario, que fue aprobado en medio de una coyuntura impulsada por, ni modo, hay que aceptarlo, el inepto de Enrique Peña Nieto. Porque por lo demás, hoy sabemos que su gobierno estuvo plagado de fosas clandestinas y que su policía llegó hasta el punto de ejecutar extrajudicialmente a civiles, incluidos menores de edad y mujeres.

La masacre de Temixco demuestra que la policía con Jesús Alberto Capella Ibarra no sólo no combatió el crimen, sino que se convirtió en una fuerza de violación sistemática de los derechos humanos. No sólo pasó de torturar o fabricar delincuentes, sino que cometió atrocidades que deben ser investigadas.

Las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla fueron en los hechos, el método de desaparición de personas de la entonces Procuraduría General de Justicia, con Rodrigo Dorantes Salgado; en tanto que hechos como los de la masacre de Temixco, ocurrida el 30 de noviembre de 2017, fue el método de acción y de ajuste de cuentas de la policía de Capella Ibarra.

La CNDH desnuda la falacia con las recomendaciones de las fosas y la de la masacre de Temixco. Estos crímenes todavía no prescriben, deben investigarse y castigarse a los responsables: Dorantes Salgado, delegado de la Fiscalía General de la República en Tabasco; y, Capella Ibarra, secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo; así como su jefe máximo en ese momento, Graco Ramírez, hoy viajante habitual entre Polanco y Cancún.

Fosas y ejecuciones son las máximas aportaciones de Graco a la historia de Morelos. Por ello será recordado su gobierno.