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En Morelos estamos viendo algo que no ocurre casi nunca: un gobierno que decide dejar de empujar una reforma desde arriba y comienza a construirla desde abajo. No es poca cosa. Después de meses de filtraciones, borradores apócrifos, noticias falsas (fake news), tensiones sindicales y un clima político que amenazaba con incendiar cualquier intento de reforma, el proceso para crear el Instituto de Pensiones del Estado de Morelos (IPEM) tomó otro rumbo. Un rumbo más lento, sí, pero también más viable.

La historia ya tiene tiempo. Durante meses, la discusión pública sobre el sistema de pensiones estuvo marcada por la desconfianza. Los sindicatos veían en cada documento filtrado una amenaza a los derechos adquiridos; el gobierno insistía en que no había iniciativa formal; los partidos (y algunos medios) buscaban sacar raja política (o económica) del miedo. El resultado fue un ambiente enrarecido donde cualquier reforma parecía imposible.

Hoy, ese escenario comienza a moverse. No porque haya una iniciativa en el Congreso —no la hay—, sino porque el gobierno decidió instalar mesas permanentes de trabajo con sindicatos, jubilados, pensionados y asociaciones civiles. Es decir, construir desde abajo lo que inicialmente se intentó diseñar desde arriba.

El giro político: del diseño vertical al consenso horizontal

El gobierno estatal entendió que no podía avanzar solo. La gobernadora Margarita González Saravia lo dijo con claridad: no habrá iniciativa sin consenso sindical.

Y ese mensaje cambió el tablero. Lo que antes era una reforma pensada en oficinas, hoy se discute en mesas donde están sentados quienes realmente sostienen el sistema: los trabajadores.

El secretario de Administración, Jorge Salazar Acosta, lo resumió así: “Nada saldrá si no es del consenso de estas mesas.”

Es un giro político importante. En Morelos, pocas veces se ha visto que una reforma estructural se construya con sindicatos como actores centrales y no como obstáculos a vencer.

Las mesas: el nuevo espacio donde se juega la reforma

Las mesas permanentes sesionan cada semana. Cada sesión genera una minuta. Cada minuta documenta avances, desacuerdos, líneas rojas. No es un proceso improvisado: es un mecanismo de construcción política que busca evitar que la reforma nazca muerta.

Ahí están:

• los sindicatos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
• los sindicatos de organismos autónomos,
• asociaciones de jubilados y pensionados,
• organizaciones civiles vinculadas a trabajadores del estado.

Se creó incluso una comisión de enlace sindical, algo que en Morelos no se veía desde hace años. Es un intento de ordenar la discusión y evitar que la reforma se convierta en un campo de batalla.

Las líneas rojas: lo que no se tocará

Los sindicatos ya marcaron su territorio. Tres líneas rojas:

1. No tocar derechos adquiridos.
2. No aumentar años de servicio para jubilarse al 100%.
3. No cargar a los trabajadores con el costo del colapso financiero estatal.

El líder del sindicato del Ejecutivo, José Ramón Wong Balboa, lo dijo sin rodeos: “Vamos a defender los derechos con los que ya se cuentan.”

Es decir: cualquier reforma tendrá que respetar el pasado y construir hacia el futuro sin afectar a quienes ya están dentro del sistema.

El diagnóstico técnico: la realidad que obliga a reformar

El gobierno presentó un diagnóstico financiero que muestra lo que todos saben pero pocos quieren decir en voz alta: el sistema actual no es sostenible.

• El gasto en pensiones crece a doble dígito.
• Los topes máximos están obsoletos.
• Hay retiros a edades tempranas por vacíos legales.
• El presupuesto estatal está estrangulado.

Si no se reforma, el sistema colapsará. Si se reforma sin consenso, el sistema estallará políticamente.

Por eso el proceso actual es tan importante: es la única ruta viable.

La ruta crítica: el reloj corre hacia diciembre

Las mesas seguirán trabajando. Las organizaciones sindicales se reunirán el 10 de agosto para definir la siguiente fecha. El documento final se presentará al Congreso solo si hay consenso. Y el Congreso tendrá que aprobarlo antes del 15 de diciembre.

Es una carrera contra el tiempo, pero también contra la desconfianza. ¿Por qué este año? Porque de no ser así, el Congreso local no tendrá recursos para pagar a sus pensionados y jubilados, lo que crearía una crisis laboral sin precedentes. A quien le urge el Instituto es al Congreso, aunque las malas intenciones de algunos han colocado el foco sobre el Ejecutivo.

Conclusión: Morelos intenta, por primera vez en años, construir una reforma desde abajo

Lo que está ocurriendo con el Instituto de Pensiones es un experimento político. Un intento de construir una reforma estructural desde la base y no desde la cúpula. Un proceso que busca evitar que la reforma sea vista como una imposición y convertirla en un acuerdo.

¿Funcionará? No lo sabemos.

Pero por primera vez en mucho tiempo, Morelos está intentando hacer las cosas de otra manera: con diálogo, con consenso, con mesas permanentes y con la base sindical sentada en la mesa donde se decide su futuro.

Si este proceso llega a buen puerto, será porque se construyó desde abajo. Si fracasa, será porque alguien quiso volver a construir desde arriba.