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La zona oriente de Morelos vive una ofensiva inédita contra la extorsión. No es un operativo aislado, no es un despliegue temporal, no es un anuncio más: es una estrategia que ya dejó 58 detenidos, 55 cateos y más de 150 casos esclarecidos entre enero y julio. Y ahora, con el Plan Cuautla, esa maquinaria se intensifica. Pero conviene decirlo desde el principio: estos números son importantes, sí, pero no significan que la guerra esté ganada. Apenas está empezando.

El fiscal Fernando Blumenkron confirmó que la Fiscalía General del Estado se sumó de lleno a la estrategia coordinada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, el Estado —federal, estatal y municipal— por fin está actuando como un solo cuerpo. Y eso, en una región donde la extorsión se convirtió en forma de gobierno, es un cambio profundo. La zona oriente llevaba años pidiendo esto: coordinación, inteligencia, presencia, investigación. Hoy la tiene. Pero también tiene algo más: resistencia criminal.

Desde enero, células de investigación estratégica se concentraron en municipios clave. Casas de seguridad, puntos de operación, bodegas, talleres, locales disfrazados: todo fue intervenido. Los cateos no fueron simbólicos; fueron quirúrgicos. Y los detenidos no son “halconcitos” de bajo nivel: varios enfrentan cargos por narcomenudeo, delitos contra la salud y participación directa en redes de cobro de piso. La Fiscalía lo dijo sin rodeos: un solo generador de violencia estaba vinculado a decenas de carpetas. Capturarlo multiplicó los casos resueltos.

Pero el punto más revelador no está en los operativos. Está en la gente. La denuncia ciudadana rompió la impunidad. Más de 450 denuncias formales por cobro de piso y amenazas llegaron a las autoridades en siete meses. Eso no había ocurrido antes. La población perdió el miedo o, más bien, el miedo se transformó en hartazgo. Cada denuncia abrió una carpeta, cada carpeta permitió mapear estructuras, cada estructura reveló nombres, rutas, horarios, patrones. La extorsión dejó de ser un rumor y se convirtió en un expediente.

El Plan Cuautla llega justo en ese momento. No solo refuerza la presencia militar y policial; refuerza la confianza. La gente denuncia porque sabe que ahora sí hay quien responda. Y denunciar, en la zona oriente, es un acto político y un acto de supervivencia. El despliegue federal busca blindar comercialmente a Cuautla y municipios vecinos, garantizar que los operativos mantengan la contención del delito y evitar que los grupos criminales se reorganicen.

Las extorsiones no se detendrán sólo con detenciones, pero esto sin duda es un inicio. El Plan Cuautla contempla decenas de acciones en distintos niveles. En todo caso, también es necesario que la federación continue con sus intervenciones para desmontar las redes de protección política que se construyeron para proteger a los extorsionadores.

Los avances son significativos. Pero la batalla es larga. Y la zona oriente no necesita solo operativos: necesita reconstrucción institucional.

El Estado está golpeando fuerte. Ahora falta que golpee profundo.

Porque si no se desmantela la red completa —criminal, política y económica—, la extorsión volverá. Y volverá con más fuerza.