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El presidente municipal de Tlalnepantla, Morelos, Jorge Armando, de unos 40 años, sin grandes señalamientos previos, fue detenido el sábado en la noche mientras abusaba sexualmente de un niño de 14 años dentro de su vehículo, estacionado a la orilla de una carretera libre. 

La policía detectó el auto, lo revisó, puso a salvo al menor y llevó al presunto agresor ante un médico para certificarlo, antes de ponerlo a disposición del Ministerio Público. La escena es brutal. Pero la pregunta que más debería incomodarnos no es solo qué pasó esa noche, sino qué pasó antes: ¿cómo alguien capaz de agredir sexualmente a un menor llega a ser presidente municipal? ¿Qué falló en el camino? ¿Qué no vimos, qué no quisimos ver, qué no se quiso revisar? Porque este caso no es un rayo en cielo despejado. 

México tiene un problema estructural con la violencia sexual y con la impunidad de los agresores, incluidos los que ocupan cargos públicos. El agresor con cargo: no es excepción, es síntoma.

Los datos oficiales y los diagnósticos independientes muestran algo incómodo: los agresores sexuales no son solo “monstruos anónimos” en la calle; también son servidores públicos, policías, funcionarios. 

Un diagnóstico del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) sobre personas en situación de calle que ejercen trabajo sexual documentó que los principales agresores son transeúntes, vecinos… y también servidores públicos y policías. 

En la Administración Pública Federal, el Informe 2022 sobre denuncias de hostigamiento y acoso sexual registra casos en prácticamente todas las dependencias, con personas denunciadas que van desde mandos medios hasta altos cargos. 

Es decir: no es raro que un agresor sexual tenga poder. Lo raro es que lo sepamos a tiempo. El marco legal existe, pero llega tarde El Código Penal Federal contempla el hostigamiento y el abuso sexual, y establece sanciones agravadas cuando el agresor es servidor público y usa su cargo para cometer el delito, incluyendo destitución e inhabilitación. 

El problema es que la ley actúa después del daño, no antes de la elección. Para impedir que agresores sexuales lleguen a cargos públicos, no basta con el castigo penal: se necesita prevención institucional y política. ¿Qué se puede hacer antes de que lleguen al cargo? No hay solución mágica, pero sí rutas claras: Obligar a revisar antecedentes por violencia sexual antes de cualquier candidatura No solo carta de no antecedentes penales genérica. 

Registros específicos de denuncias por violencia sexual, familiar y de género. Que partidos y autoridades electorales tengan la obligación legal de verificarlo. Aplicar de verdad el 3 de 3 contra la violencia La llamada “3 de 3” (no agresor sexual, no deudor alimentario, no violento) debe dejar de ser un checklist simbólico y convertirse en filtro vinculante para candidaturas y nombramientos. 

Crear registros públicos de agresores sexuales y de sanciones administrativas por hostigamiento y acoso No solo sentencias penales, también resoluciones firmes en órganos internos de control, comités de ética, contralorías. Que un partido no pueda alegar “no sabíamos”. Responsabilizar a los partidos Si un agresor sexual llega a un cargo por un partido, ese partido debe enfrentar consecuencias políticas y legales: multas, pérdida de prerrogativas, imposibilidad de registrar candidaturas en ciclos posteriores. 

Escuchar a las víctimas antes, no después. Muchas veces hay rumores, señalamientos, historias que circulan en lo local. Pero se descalifican como “chismes” hasta que aparece la tragedia. 

Los mecanismos de denuncia deben ser accesibles, protegidos y vinculantes para procesos internos de selección. 

El caso del presidente municipal de Tlalnepantla, si se confirma judicialmente, no solo será un expediente penal más. Será la evidencia de que el sistema político permitió que alguien con ese nivel de peligrosidad tuviera poder, presupuesto, policía, firma y representación. 

Y ahí la pregunta deja de ser solo jurídica y se vuelve ética y política: ¿qué estamos dispuestos a cambiar para que esto no vuelva a ocurrir? Porque mientras sigamos tratando estos casos como “monstruos individuales” y no como fallas sistémicas, seguiremos viendo agresores sexuales en el poder, protegidos por partidos, por silencios y por omisiones. 

Impedir que lleguen a un cargo público no es solo cuestión de castigo. Es cuestión de filtros, memoria y voluntad política. Si no se tocan esos tres puntos, lo de Temoac no será una excepción: será un aviso.