Compartir la nota por:

Morelos redujo en 85 por ciento la superficie afectada por incendios forestales respecto al año anterior. Es un dato contundente, verificado y confirmado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Protección Civil estatal. No es propaganda: es un resultado medible.

La estrategia funcionó porque combinó coordinación institucional, brigadas comunitarias fortalecidas, vigilancia temprana y condiciones climáticas favorables. En municipios históricamente golpeados —Huitzilac, Tepoztlán, Tetela del Volcán— la reducción fue visible. Incluso se logró algo que pocas veces ocurre: una condena penal contra una persona atrapada provocando un incendio.

Ese precedente importa. Pero no es suficiente.

La raíz del problema: los incendios que no nacen del descuido, sino del negocio

En Morelos, como en otras zonas del país, una parte de los incendios forestales no son accidentales ni producto de malas prácticas agrícolas. Son intencionales. Son planeados. Son útiles para quienes buscan transformar el bosque en suelo disponible para vivienda, fraccionamientos, cabañas, hoteles o desarrollos turísticos.

Quemar es el primer paso del negocio. Después viene la narrativa de “suelo degradado”. Luego la presión para cambiar uso de suelo. Y finalmente, la urbanización.

La estrategia estatal redujo incendios, sí. Pero es necesario mantenerla y reforzarla, para ir tras quienes se enriquecen con los incendios.

La persona condenada es un eslabón menor. El incendio que provocó fue un acto individual. El problema estructural es otro: los incendios que nacen de intereses económicos y redes locales de poder.

La persecución debe subir de nivel: del ejecutor al beneficiario

Si el gobierno quiere consolidar este logro, debe avanzar hacia una fase más compleja: acorralar a quienes se benefician de los incendios. No solo a quienes prenden fuego, sino a quienes:

• financian quemas,
• presionan a ejidos,
• compran terrenos después del incendio,
• promueven cambios de uso de suelo,
• operan desarrollos irregulares en zonas siniestradas.

La reducción del 85% demuestra que el Estado puede actuar. Ahora debe demostrar que también puede investigar hacia arriba.

Porque mientras los beneficiarios sigan intactos, la estrategia será vulnerable. Y ellos lo saben.

La amenaza latente: quienes quieren desafiar la estrategia

La temporada de lluvias ayudó. La coordinación funcionó. Las brigadas respondieron. Pero los intereses económicos detrás de los incendios no desaparecen con la lluvia.

Esos actores pueden desafiar la estrategia en cualquier momento. Pueden esperar una sequía. Pueden mover dinero. Pueden presionar autoridades municipales. Pueden intentar quemar de nuevo.

La reducción del 85% es una buena noticia. Pero también es una advertencia: si el Estado baja la guardia, los incendiarios del negocio volverán.

La estrategia debe perdurar: no basta con un buen año

La gobernadora Margarita González Saravia ha insistido en la narrativa de una “nueva era” de gobernabilidad. En materia ambiental, este logro sí encaja en esa narrativa. Pero una nueva era no se construye con un solo ciclo de incendios controlados. Se construye con:

• vigilancia permanente,
• inteligencia ambiental,
• investigación patrimonial,
• sanciones ejemplares,
• protección jurídica del bosque,
• y persecución penal de quienes queman para especular.

La estrategia debe mantenerse, ampliarse y blindarse. Porque el bosque no se defiende solo. Y los intereses económicos detrás de su destrucción no descansan.

Conclusión: celebrar el logro, pero mirar al enemigo real

Reducir 85% la superficie afectada es un triunfo. Condenar a un incendiario es un avance. Fortalecer brigadas es una inversión inteligente.

Pero el enemigo real no es quien prende fuego. Es quien se enriquece con el fuego.

La estrategia funcionó. Ahora debe evolucionar. Porque si el Estado no persigue a los beneficiarios del incendio, ellos perseguirán al bosque.