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Entre los casos más relevantes están auditorías a la Comisión Estatal del Agua de Morelos y revisiones en municipios como Jiutepec, Jojutla y Tetecala - Foto: Especial

Activan 50 procesos legales tras auditorías a gestión de Cuauhtémoc Blanco

Tras abatir un rezago de cuatro años en la fiscalización de cuentas públicas, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización activó 50 procesos legales por presuntas irregularidades detectadas durante la administración del exgobernador Cuauhtémoc Blanco

Por: Masiosare, Visitas: 8645

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El rezago en la revisión de cuentas públicas en Morelos fue reducido y, con ello, comenzaron a concretarse acciones legales contra irregularidades detectadas en la pasada administración estatal.

El titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), José Blas Cuevas Díaz, informó ante el Congreso local que se logró abatir un atraso de cuatro años en los procesos de fiscalización, lo que permitió avanzar en la integración de expedientes que hoy derivan en 50 procedimientos.

De ese total, 10 corresponden a denuncias penales presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), mientras que otros 40 fueron canalizados al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por faltas relacionadas con el uso de recursos públicos.

Entre los casos con mayor sustento se encuentran las auditorías practicadas a la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) en el periodo 2019-2022. Las revisiones señalan presuntas anomalías en obra hidráulica y en el manejo de fondos federales, vinculadas a ex titulares del organismo como Jaime Juárez.

Las observaciones no se limitan al ámbito estatal. De acuerdo con el auditor, también se detectaron irregularidades en gobiernos municipales, particularmente en Jiutepec, Jojutla y Tetecala, donde se concentran algunos de los expedientes más relevantes.

Además, se mantiene bajo revisión el Sistema Operador de Agua Potable de Cuautla (SOAPSC) por el mismo periodo, con líneas de investigación abiertas tanto en materia administrativa como penal.

Cuevas Díaz precisó que los asuntos turnados a la Fiscalía corresponden a posibles delitos graves, mientras que los enviados al Tribunal buscan sancionar conductas que afectaron el patrimonio público.

Con la actualización de los procesos de auditoría, el desfase en la fiscalización se redujo a un año, lo que —según la ESAF— permite actuar con mayor oportunidad y evitar que las irregularidades queden sin sanción. El objetivo, subrayó, es que los responsables enfrenten consecuencias y, en su caso, reparen el daño causado al erario estatal.

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