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La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruíz, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó iniciativa para establecer un plazo máximo de un año para la resolución de procesos penales relacionados con delitos de violencia de género, contado desde la denuncia o querella.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 213 Quáter al Título Décimo Segundo Bis del Código Penal para el Estado de Morelos, tiene por objeto disminuir la impunidad, fortalecer la confianza ciudadana y asegurar protección integral para las mujeres.

En uso de la tribuna durante la sesión ordinaria de Pleno celebrada este día, la legisladora petista explicó que la reforma busca garantizar justicia pronta, eficiente y con perspectiva de género, sin alterar el fondo del proceso penal, ya que actualmente más del 90% de los delitos de violencia de género en México quedan sin castigo y los pocos casos que avanzan pueden tardar entre tres y cinco años en resolverse.

Rodríguez Ruíz agregó que, por ello se establece el plazo de un año para la resolución, el cual solamente podrá ampliarse por causa justificada y motivada ante el Tribunal de Disciplina Judicial, en una propuesta que cumple compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, además que responde a la grave problemática que sobre el tema existe en nuestro país.

En México –puntualizó- la violencia de género es un problema estructural y persistente, con altos índices de agresión física, sexual, psicológica, económica y simbólica y en 2024 se abrieron más de 310 mil investigaciones por delitos contra mujeres; siete de cada diez mexicanas han sufrido algún tipo de violencia en su vida.

En tanto, en Morelos el 69.6% de las mujeres mayores de 15 años ha experimentado violencia, y el 42.4% la ha sufrido en los últimos 12 meses; los tipos de violencia más frecuentes aquí son: psicológica, sexual, económica/patrimonial y física, ocurren en los ámbitos escolar, laboral, comunitario, familiar y de pareja y el proceso judicial para las víctimas suele ser lento y burocrático, lo que perpetúa la impunidad y agrava el daño emocional y social, finalizó.