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Ante la gobernadora Margarita González Saravia y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) encabezado por su presidente, Juan Emilio Elizalde Figueroa, así como los titulares de los tribunales Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), Adriana Pineda Fernández; y de Justicia Administrativa, Guillermo Arroyo Cruz; la diputada presidenta del Congreso, Jazmín Solano López, afirmó que “si queremos una justicia pronta, transparente y moderna, debemos actuar desde ahora con unidad y determinación”, lo que implica un compromiso de los tres poderes, la sociedad civil y la ciudadanía, que cree en el poder transformador de la justicia.

En el Salón de Plenos del TSJ, donde esta vez convergieron las personas depositarias de los tres poderes, la diputada Jazmín Solano dijo que México ocupa el lugar número 12 entre las economías más grandes del mundo, como consecuencia de la construcción paciente, continua, tenaz y comprometida de instituciones sólidas y democráticas que nos han dado 108 años de paz continua, porque hemos reconocido que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.

En ese contexto, agregó que Morelos contribuye a la grandeza nacional con instituciones sólidas y democráticas, que aportan a la fortaleza del Estado de Derecho y la protección de las libertades fundamentales de la ciudadanía, lo cual es destacable este día, cuando “nos reunimos en un momento crucial para el Poder Judicial de nuestro estado”, por un lado porque “hemos salido fortalecidos de una situación de incertidumbre que puso a prueba la institucionalidad y garantizamos la estabilidad y la impartición de justicia para la ciudadanía”.

Por otro lado, corresponderá a las magistradas y magistrados ser la generación puente para cumplir dos misiones que la ley les encomienda: contribuir a la elección del Poder Judicial en la entidad, en 2027; así como la implementación en Morelos del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya Declaratoria de Vigencia corresponderá emitir al Congreso, previa solicitud del Poder Judicial estatal.

Expuso que, para que esa declaratoria tenga viabilidad se requiere de una transformación de gran calado, y “a mi manera de ver esto, se requiere que con urgencia que los tres poderes instalemos una mesa de trabajo, junto con la sociedad, en particular, con la participación de barras y asociaciones de abogadas y abogados; la participación de nuestra Universidad y otras instituciones académicas; ya que, para el mes de octubre próximo, en el presupuesto de egresos, deben estar previstos los recursos públicos para hacer realidad este mandato de ley”, concluyó.