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La fiscalización al Fondo Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia detectó observaciones por casi 10 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2022. - Foto: Especial

Denuncia ESAF a exmagistrado por casi 10 millones sin aclarar

La auditoría al Fondo Auxiliar del TSJ detectó 9 millones 949 mil pesos sin comprobar en 2022; la Fiscalía investigará el caso.

Por: Masiosare, Visitas: 1091

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La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) de Morelos denunció penalmente al expresidente magistrado del Poder Judicial, Jorge Gamboa Olea, por *9 millones 949 mil pesos en recursos cuyo uso no fue debidamente comprobado* durante el ejercicio fiscal 2022.

 

El caso coloca bajo escrutinio el manejo del dinero público en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), luego de que la auditoría especial ordenada por el Congreso de Morelos detectara observaciones que no fueron solventadas en la revisión del Fondo Auxiliar.

 

El titular de la ESAF, José Blas Cuevas Díaz, informó que las inconsistencias corresponden al ejercicio 2022, dentro de una revisión que también abarcó los años 2023 y 2024.

 

Según el auditor, las observaciones incluyen gastos sin suficiencia presupuestal y documentación insuficiente para acreditar en qué se utilizaron los recursos. Es decir, existen registros contables que, de acuerdo con la fiscalización, no demuestran de manera fehaciente el destino del dinero.

 

La denuncia se presentó después de que concluyera el plazo ordinario para aclarar las observaciones sin que se justificara el uso de los recursos ni se acreditara su reintegro, por lo que el expediente fue turnado al área jurídica de la ESAF.

 

El caso abre una nueva revisión sobre la rendición de cuentas en el Poder Judicial de Morelos y la capacidad de los órganos fiscalizadores para exigir explicaciones por el manejo de fondos públicos durante administraciones anteriores.

 

Ahora, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción deberá investigar los hechos y determinar si existen elementos para fincar responsabilidades penales. La eventual devolución de recursos dependerá de los procedimientos legales correspondientes.

 

Entre las irregularidades reportadas figuran pagos sin documentación suficiente y la falta de evidencia que acredite que determinados bienes o servicios contratados fueron entregados o prestados.

 

La denuncia no constituye una sentencia ni acredita por sí misma la comisión de un delito. Gamboa Olea conserva su derecho a la defensa durante las actuaciones legales.

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