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Los morelenses que residen en el extranjero no tienen garantizados espacios de representación en candidaturas locales para las elecciones de 2027, debido a que la legislación estatal no los reconoce como grupo en situación de vulnerabilidad para acceder a acciones afirmativas, determinó el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM).

Al resolver el juicio ciudadano TEEM/JDC/33/2026-1, promovido por Óscar Hernández Santibáñez, el pleno declaró infundados los agravios contra el acuerdo IMPEPAC/CEE/253/2026, mediante el cual el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) rechazó incorporar una medida para garantizar representación migrante en cargos de elección popular.

En la sentencia del 10 de noviembre, los magistrados señalaron que corresponde al Congreso de Morelos determinar qué grupos pueden acceder a acciones afirmativas. Por ello, el Impepac no tiene facultades para crear espacios de representación mediante acuerdos administrativos si estos no están contemplados en la legislación.

El Tribunal precisó que la normativa estatal reconoce el derecho de los morelenses residentes en el extranjero a votar en las elecciones para la gubernatura, pero no establece mecanismos que les garanticen candidaturas para otros cargos de elección popular.

La resolución no representa una prohibición definitiva para que personas migrantes participen como candidatas, pero mantiene sin garantía una representación específica para este sector en el proceso electoral de 2027. Para incorporarla mediante una acción afirmativa sería necesario modificar las disposiciones legales.

Hernández Santibáñez también solicitó al Impepac organizar mesas de trabajo con autoridades, organizaciones migrantes y residentes en el extranjero para analizar posibles reformas constitucionales y legales. Sin embargo, el TEEM consideró válida la respuesta del Instituto, que remitió al promovente a los mecanismos de iniciativa popular establecidos en la Ley de Participación Ciudadana.

De esta manera, la posibilidad de establecer espacios de representación para la comunidad migrante en las elecciones locales dependerá de una eventual reforma aprobada por el Congreso estatal.