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En sesión ordinaria este día, ante el Pleno la LVI Legislatura la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Jazmín Solano López, presentó iniciativa para adicionar una fracción XIX al artículo 45 de la Ley del Servicio Civil, a fin de impulsar en Morelos la “Ley vaso de agua”, que busca proveer de agua potables a las personas trabajadoras del Gobierno del estado y los Municipios durante su jornada laboral.

En su exposición de motivos, la legisladora destacó como antecedente de su propuesta la iniciativa que, en febrero pasado, la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca presentó al Senado de la República, que precisamente denominó “Ley vaso de agua”, en la que, mediante reformas a las leyes federales del Trabajo y de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política Federal, propone como obligación de los entes públicos “proveer de agua potable a las personas trabajadores durante su jornada de trabajo”.

Jazmín Solano expuso que la propuesta de la senadora resulta aplicable al ámbito laboral morelense, porque para proteger la salud de las personas es indispensable el consumo de agua potable, y porque el derecho humano a consumir el vital líquido está reconocido a nivel internacional y constitucional en México y “no solo debe ser un derecho fundamental, sino que éste debe estar reconocido expresamente como una obligación del patrón, y por consecuencia, un derecho de las personas trabajadoras del sector público”.

La legisladora integrante del Grupo Parlamentario de Morena resaltó que, el consumo de agua potable durante la jornada laboral disminuye la ingesta de bebidas azucaradas que tienen consecuencias delicadas para la salud y el trabajo, ya que aumentan la posibilidad de enfermedades como la diabetes, misma que a la larga afectará el rendimiento laboral.

Indicó que, “contar en los centros de trabajo con agua potable disponible para las y los trabajadores apoya su economía, pues evita erogaciones para adquirir agua generalmente embotellada. Es decir, esta medida que vengo a proponer es también para apoyar la economía de la clase trabajadora”; adicionalmente, “resulta garantista, pues fortalece los derechos humanos de las personas trabajadoras, que además es el espíritu con el que nació en 1917 el derecho al trabajo en nuestra Constitución, y en el mismo sentido, el apartado B del artículo 123 en el año de 1960”.  

La propuesta, que iniciaría su vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión de Gobierno del estado, no tiene impacto presupuestario, debido a que las dependencias de los tres órdenes de gobierno tienen clasificada la partida presupuestal 2200 correspondiente a productos destinados al consumo general, en la que se comprende la adquisición de agua potable para el consumo humano, en particular para las personas trabajadoras que laboran en los entes públicos, finalizó.