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Luego de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, lanzará un llamado de atención por el abultado número de controversias constitucionales interpuestas por el Poder Judicial de Morelos, en contra de los decretos de jubilación de sus propios trabajadores, la Diputada Tania Valentina Rodríguez Ruíz, en su carácter de presidenta de la Comisión del Trabajo del Congreso, lanzó un llamado para revisar las razones por las que a la fecha existen más de 500 procedimientos judiciales de este tipo.

“Hago un respetuoso llamado a las personas integrantes del Órgano de Administración del Poder Judicial, para que juntos revisemos el origen y las formas de solución de estas controversias que afectan principalmente a la clase trabajadora”, dijo la Legisladora.

Agregó que “lo importante no es si la Suprema Corte tiene mucho trabajo por las más de 500 controversias que tiene en estudio, sino las más de 500 familias que dependían de un salario y que son dadas de baja al momento de publicarse su decreto jubilatorio, y quienes se encuentran con la dura realidad de que se les niega el pago de su pensión, hasta en tanto la Corte no resuelva su caso. Eso es lo realmente importante, porque se lacera la economía de cientos de familias morelenses”.

Y es que desde el año 2016 se ha convertido en una “mala práctica” dijo la diputada, ya que, al publicarse un decreto de jubilación, en forma automática y de “machote” como se dice en el argot jurídico, el Tribunal Superior de Justicia, presenta senda controversia constitucional negándose a pagar la pensión, lo que es un derecho fundamental de las personas trabajadoras del poder judicial.

A esta fecha, la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, tiene conocimiento de un total de 247 Controversias, de las cuales se han dictaminado, 127, y se han publicado en el Periódico “Tierra y Libertad” 107. Próximamente serán analizados 23 proyectos, para atender las mismas, quedando un restante de 66 controversias pendientes por atender, mismas que se proyectan con información proporcionada por la Secretaría de Administración y Finanzas.

Mi esperanza -dijo la legisladora petista- “es que con el nuevo Órgano de Administración se abra una nueva era de dialogo y confianza para resolver el fondo de este asunto, teniendo como base la transparencia y el estudio actuarial al que están obligados el Poder Judicial y los demás entes públicos, que nos permita conocer de fondo cuales son los requerimientos de recursos presentes y futuros para hacer sostenible el pago de las pensiones a las que las personas trabajadoras tienen derecho en el Poder Judicial de Morelos.

Al cuestionar a la Legisladora sobre si la creación de un Instituto de Pensiones sería una alternativa de solución para el Poder Judicial y las demás dependencias, señaló que “a la fecha no existe una propuesta formal y por escrito sobre la creación de un Instituto, por lo mismo no se puede emitir ningún criterio para apoyarlo o desacreditarlo”.

“La única realidad es que en Morelos el tema del pago de las pensiones es serio, por el monto de los recursos públicos que el Estado, los Poderes y los Municipios deben destinar para pagar a sus trabajadores sus pensiones; pero a las trabajadoras y trabajadores de Morelos les decimos que mientras no existan cambios de fondo en la Ley del Servicio Civil, el Congreso del Estado, a través de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, continuará emitiendo los decretos de jubilación porque es un derecho adquirido y bien ganado por las personas trabajadoras que cumplen legalmente con la edad o años de servicio y los demás requisitos”.