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Morelos se quedará sin dinero para enfrentar la violencia contra las mujeres, pues por segundo año consecutivo, no podrá acceder a unos 70 millones de pesos para implementar acciones obligatorias para atender la Alerta de Violencia de Género, denunció Susana Díaz Pineda, integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.

Esta vez, dijo la activista, la responsabilidad es del Instituto de la Mujer, dado que no ha presentado los informes que justificaban el trabajo de los ochos municipios que están incluidos en la Alerta de Género y esto impide que se puedan solicitar recursos para este año.

“Estamos ante una situación delicada porque la Federación se negó a darle recursos al gobierno de Morelos con el argumento de que la entidad no atendió la Alerta de Violencia de Género como debía ser. Lo más grave es que es el segundo año consecutivo que no se tendrá el dinero necesario para esta área”, lamentó.

Aprovechó para mencionar que la última vez que la Federación entregó recursos a la entidad para la Alerta, fue hace dos años, cuando se entregaron 70 millones de pesos a la Fiscalía de Morelos, aunque hasta el momento no existen reportes o informes de cómo y en qué se aplicaron dichos recursos.

“Aquí vemos como responsable a quien es la encargada de la Alerta de Violencia de Género y que en su caso es la directora del Instituto de la Mujer, Flor Desiré (León), quien en su momento ha dicho que nos está haciendo el favor de ser la encargada y por eso es que vemos con suma indignación esta respuesta, ya que no es un cargo honorífico sino un cargo en donde se tiene toda la responsabilidad que conlleva el atender la violencia en contra de las mujeres”, dijo Díaz Pineda.

La responsabilidad de no haber gestionado los recursos en tiempo es, en primer término, de la Secretaría de Gobierno, que encabeza Pablo Ojeda, pues no se tuvo el mecanismo para vigilar que se hiciera la solicitud de los recursos. Pero además porque no se dio seguimiento a las acciones en los ocho municipios donde aplica la Alerta de Género, según dijo la activista.

La consecuencia es que el trabajo en los municipios se frenará con el pretexto de que no tendrán los recursos suficientes. Por esta omisión, que se ha acumulado a lo largo de dos años, debería iniciarse un proceso administrativo que deslinde responsabilidades y se apliquen las sanciones pertinentes, advirtió.

Finalmente, Díaz Pineda aseguró que en lo que va de 2019 se han acumulado 64 feminicidios, mismos que comparados con los 82 del año pasado, presentan una perspectiva de mayor violencia para las mujeres.