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Al considerar que la difamación ocasiona un daño grave a la reputación de una persona, ya que involucra la transmisión de información falsa que puede tener consecuencias profundas en la vida personal y profesional de un individuo y que cuando se realiza a través de las redes se dificulta comprobar los hechos por falta de testigos, el diputado Gerardo Abarca Peña propuso tipificar como delito la difamación digital, a través de reformas al artículo 163 del Código Penal para el Estado de Morelos.

En su iniciativa, que dio a conocer durante la sesión ordinaria de este día, establece que comete el delito de difamación digital quien, por medio de redes sociales, plataformas digitales, medios electrónicos o cualquier otro medio de comunicación digital, publique, comparta o difunda hechos falsos o expresiones con contenido falso, que lesionen la dignidad, el honor o la reputación de otra persona.

Añade que, a quien cometa este delito se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y una multa de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), sin perjuicio de la responsabilidad civil que corresponda, y si el delito se comete de forma anónima, utilizando identidades falsas, redes automatizadas, o si se dirige contra una figura pública, periodista o servidor público en ejercicio, las penas se incrementarán hasta en una mitad.

De igual manera, plantea establecer que “no se considerará difamación digital cuando se trate de expresiones emitidas en ejercicio del derecho a la libertad de expresión con fines informativos, de crítica política o de interés público, siempre y cuando las publicaciones se funden en hechos verificables”.

A través de su discurso, el diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, dijo que la difamación digital se propaga con mayor velocidad y alcance que cualquier otro medio, “Hoy, el daño no es sólo moral o emocional: es social, profesional y hasta económico. Se vulnera la honra, se generan linchamientos mediáticos, se anulan trayectorias, y se destruyen familias”, y todo esto ocurre en un entorno donde el marco legal vigente ha quedado rezagado frente a los avances tecnológicos.

Abarca Peña aseguró en tribuna que el derecho a la libertad de expresión, consagrado por nuestra Constitución y los tratados internacionales, es fundamental, pero también lo es el derecho al honor, a la verdad y a la dignidad; asimismo, dijo que su propuesta no busca censurar ni restringir la expresión libre de ideas, críticas o debates, sino garantizar un marco de responsabilidad, donde el ejercicio de la palabra no sea un arma de destrucción personal impune, sino un ejercicio digno, informado y respetuoso”.