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Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Morelos, el diputado Luis Eduardo Pedrero González, presidente de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, presentó dos iniciativas orientadas a actualizar el marco jurídico estatal y fortalecer la protección de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y buscadoras.

En tribuna, el legislador subrayó que una de sus responsabilidades fundamentales es "garantizar que las leyes del estado respondan a los nuevos retos sociales y se encuentren armonizadas con el sistema constitucional y convencional vigente, en beneficio de la ciudadanía morelense".

En ese sentido, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, con el objetivo de actualizar la fracción III del artículo 66, relativa a las atribuciones de la Comisión que preside. Explicó que dicho ordenamiento aún hace referencia a la extinta Procuraduría General de Justicia, pese a que actualmente existe la Fiscalía General del Estado como órgano autónomo.

El diputado señaló que esta desactualización genera inconsistencias legales, al atribuir facultades a una institución que ya no existe, por lo que la reforma busca dar certeza jurídica y adecuar el marco normativo a la realidad institucional vigente.

En un segundo momento, el legislador presentó una iniciativa para fortalecer la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Estado de Morelos, destacando la importancia de garantizar condiciones seguras para quienes ejercen estas labores fundamentales en una sociedad democrática.

Pedrero González enfatizó que la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa son pilares esenciales del Estado de Derecho, pero que en el contexto actual estas actividades se enfrentan a riesgos derivados de la violencia, la impunidad y la falta de coordinación institucional.

Por ello, propuso adicionar un párrafo al artículo 31 de dicha ley, con la finalidad de establecer de manera expresa la facultad del Subcomité Técnico de Evaluación para coordinarse con el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda y otras autoridades competentes.

Explicó que esta medida permitirá agilizar la comunicación interinstitucional, compartir información relevante y activar protocolos conjuntos que garanticen una respuesta inmediata y efectiva ante situaciones de riesgo para periodistas, personas defensoras y buscadoras. Asimismo, destacó que la iniciativa no implica impacto presupuestario adicional, ya que se limita a fortalecer la coordinación institucional con los recursos existentes, sin modificar la estructura del mecanismo de protección ni generar duplicidad de funciones.

Finalmente, el diputado consideró que estas iniciativas representan un paso firme hacia el fortalecimiento del marco legal, la protección de los derechos fundamentales y la consolidación de una respuesta eficaz del Estado ante los desafíos actuales.

“Reforzar la protección de quienes defienden los derechos humanos, quienes informan y quienes buscan, es fortalecer nuestra democracia, nuestra justicia y nuestra dignidad como sociedad”, concluyó.