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El presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido con protestas en su visita a Morelos este sábado, a las afueras del hospital del ISSSTE, Dr. Carlos Calero Elorduy, derivado de decisiones a nivel estatal, pero también a nivel federal, entre demandas de medicamento para niños y niñas con cáncer; trabajadores del Inegi que fueron despedidos a pesar de que todavía no concluye su contrato; y esposas y madres de internos del penal de Atlacholoaya.

Primero, padres y madres de niñas y niños que padecen cáncer y que se encuentran hospitalizados o reciben su tratamiento en el Hospital Morelense del Niño, la Niña y el Adolescente, aseguraron que desde hace seis meses no cuentan con el medicamento para atender a sus hijos, por lo que exigieron a gritos y entregaron varios documentos destinados al presidente López Obrador, a quien sólo pudieron ver de lejos.

Aseguraron que en el Hospital infantil regularmente no tienen los medicamentos o no los tienen completos, “a veces tenemos que comprarlos nosotros, pero el problema es que cuestan dos mil o tres mil pesos cada uno y no tenemos”, dijo una de las mujeres que protestaban. Los medicamentos que faltan son Ciclofosfamida, Vincristina, L-Sparaginasa, Doxorrubicina, Dexametasona, Vinblastina, Prendnisona, Purinetol, Levitesetan, Imatinib y Ondasetron.

En tanto, un grupo de encuestadores y supervisores del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), denunciaron que fueron despedidos sin ninguna justificación y que las autoridades incumplieron su contrato que estaba vigente hasta el 15 de abril. Aseguraron que las autoridades locales del organismo estaban violando una orden del presidente que dijo que debería despedirse a nadie durante la contingencia.

Sostuvieron que son 150 trabajadores que realizaban las tareas del Censo Nacional de Población, mismo que fue suspendido en días pasados por las medidas para mitigar el contagio de Covid-19. Según los trabadores, su contrato está vigente hasta al menos el 15 de abril y sin embargo, el día de ayer fueron llamados por el supervisor del Inegi y fueron obligados a firmar sus renuncias “voluntarias”.

Por su lado, una veintena de mujeres, madres y esposas de internos del penal de Atlacholoaya, demandaron al presidente justicia, pues sus familiares fueron golpeados y trasladados a otros penales, a pesar de que muchos de ellos cuentan con amparos para no ser puestos en otros centros penitenciarios. Denunciaron que algunos están incomunicados y a otros ni siquiera saben en qué lugar se encuentran.

Las mujeres denunciaron que el pasado 19 de marzo, cuando ocurrió una riña y una presunta fuga de internos, cuyo saldo fue de tres muertos y varios heridos, sus familiares fueron golpeados severamente y que luego, la autoridad les negó que los hubieran reubicado a Sonora y otros lugares, y sin embargo, sí fueron reubicados más de 30 al exterior del estado y otro tanto a penales de Morelos.

Aseguraron que desde entonces no han podido ver a sus familiares, pero saben que están lastimados y que han sido violados sus derechos, pues muchos de ellos fueron reubicados a pesar de tener amparos para no ser removidos de Atlacholoaya. Además, se quejaron que, este sábado las autoridades del penal les negaron el ingreso para la visita semanal sin ningún argumento. Hicieron responsables a las autoridades penitenciarias de lo que pueda pasarles a sus familiares y a ellas mismas.