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El diputado presidente de la mesa directiva del Congreso de Morelos, Francisco Sánchez Zavala, consideró que la detención del fiscal de la entidad el pasado 4 de agosto, representa una violación al pacto federal que establece la Constitución mexicana en su artículo 40, por ello se interpuso la controversia constitucional el martes pasado, para “defender la autonomía y soberanía” de Morelos.

En entrevista, el legislador señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe aclarar si lo ocurrido el 4 de agosto es constitucional o no, para que todas las entidades de la República tengan claro el alcance del pacto y el equilibrio entre los estados. La controversia, dijo, no es para defender a Uriel Carmona, sino la soberanía estatal.

Al término de la ceremonia para conmemorar el aniversario de la masacre cometida por el ejército de Venustiano Carranza de 253 civiles pobladores del municipio de Tlaltizapán en 1916, fecha conocida en Mártires del 13 de Agosto, el legislador recordó que el artículo 40 de la Constitución Política mexicana inherente al Pacto Federal, señala que se respetará la soberanía de cada uno de los estados que conforman la República, así como a la división de poderes, que según el legislador “consideramos se violentó por la forma como se actuó, ya que nunca fue avisado el Tribunal Superior de Justicia de Morelos acerca de la detención”.

Dijo que un juez de otra entidad federativa, incluyendo la capital del país, como fue el caso, no puede ordenar la aprehensión de un servidor público de otra entidad, en este caso Morelos, sin pasar por el Tribunal Superior de Justicia local para poder hacerla efectiva. El Congreso local valoró que la detención del fiscal Uriel Carmona Gándara el pasado 4 de agosto, con base en una orden de aprehensión de la Ciudad de México, vulneró la soberanía y significa una ruptura en el pacto federal.

“Esperamos que este supremo Poder Judicial del país nos dé esa claridad y que no solamente nosotros como estado de Morelos, sino todos los estados de la República sepamos cuáles son los alcances, qué sí se puede o no se puede; no nos podemos apartar en la aplicación de la ley de la línea que marca nuestra Constitución”, concluyó.

La controversia constitucional fue presentada el martes 8 de agosto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que fue admitida para su análisis y resolución. Al día siguiente fue turnada al exministro presidente Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, quien deberá analizarla.

El Congreso local señaló como demandados a la Fiscalía General de la República, a la de la Ciudad de México, a los poderes judiciales de la capital del país y de Morelos, entre otras autoridades, todas participantes en la detención de Carmona Gándara. También se sabe que se solicitó el análisis de las facultades de todos estos actores involucrados.