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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversas disposiciones de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión en el Estado de Morelos, al determinar que el Congreso local invadió facultades exclusivas del ámbito federal.

Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 73/2026 y 76/2026, promovidas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el máximo tribunal analizó los límites de las atribuciones legislativas estatales frente a la nueva legislación general en materia de extorsión.

La Corte señaló que la reforma constitucional de octubre de 2025 facultó al Congreso de la Unión para expedir una ley general sobre este delito. En noviembre del mismo año se publicó la legislación federal, que estableció los tipos penales y las sanciones correspondientes.

Sin embargo, el Congreso de Morelos aprobó disposiciones locales que abordaban materias reservadas a la Federación. Por ello, la SCJN invalidó los artículos 7, 13 y 14, relacionados con la tipificación y sanción de la extorsión, así como los artículos 13, 14, 15, 16 y 17, relativos al procedimiento penal y la ejecución de penas.

También declaró inválido el artículo 5, que establecía un régimen de supletoriedad que los congresos estatales no pueden determinar en esta materia.

El tribunal constitucional sostuvo que la reforma federal busca establecer una respuesta uniforme contra la extorsión, de manera que el delito sea investigado y sancionado bajo las mismas reglas en todo el país, independientemente de la entidad donde se cometa.