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La balacera del miércoles 8 de mayo en Cuernavaca, que dejó dos muertos y dos heridos, es sólo una muestra, la más trágica y dolorosa, de una pugna que lleva tiempo entre grupos sindicales que intentan controlar el Centro Histórico de Cuernavaca, como espacio público, como espacio comercial e incluso, por qué no, como territorio de distribución de mercancías, lícitas e ilícitas.

La pugna viene de lejos. La Confederación de Trabajadores de México (CTM), que hizo escuela en el arte del terrorismo sindical, existe en Morelos como la Federación de Trabajadores del Estado de Morelos (FTEM), que congregó desde su creación a los obreros de las industrias que comenzaron a llegar en los años 60 a la entidad y se instalaron en el parque denominado Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (Civac), en el municipio de Jiutepec.

En el año 2000, llegó a dirigirla Vinicio Limón Rivera, quien provenía del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm). Eran momentos de cambio en la entidad, Juan Salgado Brito del PRI, había perdido la gubernatura con el panista Sergio Estrada Cajigal Ramírez. Hacía dos años que Jorge Carrillo Olea había tenido que dejar ese cargo repudiado por miles de morelenses que padecían la inseguridad pública y la complicidad de funcionarios de su gobierno.

Unos meses antes, Bulmaro Hernández Juárez, quien creció a la sombra de la CTM y la FTEM, decidió separarse y crear el Nuevo Grupo Sindical (NGS), que de inmediato comenzó a disputar los contratos colectivos de empresas y, aunque no le correspondía, de sindicatos en municipios e incluso, organismos públicos, como el Hospital del Niño Morelense. La disputa no fue pacífica, fue por todos los medios, incluida la amenaza y la intimidación. Otras veces también con violencia.

La pugna entre la CTM y el NGS creció cuando el gobierno panista debilitó la presencia de la central obrera siempre ligada al PRI, mientras que el grupo de Bulmaro Hernández cobró fuerza. Para ese momento, este hombre, proveniente del sindicato de distribuidores de cerveza en la entidad, iba construyendo poco a poco una central sindical que brincó fácilmente a otras áreas “productivas”.

Así, creó un sindicato de camioneros materialistas, de los que utilizan camiones de volteo, indispensables en las grandes obras públicas, como la construcción de carreteras, porque se encargan de sacar el escombro que se va generando, y porque transportan el material que se va requiriendo. Ya con el sindicato armado comenzó a pelear las obras públicas. Los contratos son millonarios y según expertos, las organizaciones camioneras se pueden llevar del 10 al 15 por ciento del total del costo de la obra pública. La CTM también tiene sus camiones, por lo que la pugna pasó de las oficinas públicas al espacio público, con bloqueos carreteros e incluso a golpes entre choferes.

Luego saltaron a otro rubro: el comercio ambulante. Entre 1997 y 2000, el gobierno municipal de Cuernavaca y el gobierno del estado lograron un acuerdo con los comerciantes ambulantes para su reubicación. Fueron varias las opciones, pero la que triunfó fue la construcción de las Plazas Lido y Degollado, ubicadas entre las calles de Guerrero y Clavijero, la primera; y Degollado y Clavijero, la segundo. Se ofrecieron precios accesibles y los ambulantes adquirieron locales y se convirtieron en establecidos.

A estos comerciantes hay que sumar todos los que de por sí están establecidos a lo largo de las calles del primer cuadro de Cuernavaca, que se conforma por las calles José María Morelos, Mariano Matamoros, No Reelección, Guerrero y Clavijero, así como Victoria, Arista, Degollado, Aragón y León, Dwight Morrow, Lerdo de Tejada, Rayón, Miguel Hidalgo y Abasolo.

Sin embargo, al paso del tiempo, nuevos vendedores ambulantes llegaron al centro. Lo que provocaba cíclicamente la molestia de los establecidos. El gobierno de Graco Ramírez hizo peatonal la calle Guerrero. Los comerciantes de Lido y Degollado, de plano se salieron a la calle en varias ocasiones para instalarse en esta arteria, para competir en igualdad de circunstancias con los ambulantes.

Estos ambulantes, los que llegaron particularmente entre los gobiernos de Marco Antonio Adame Castillo (2006-2012) y de Graco Ramírez (2012-2018), fueron prohijados y protegidos por el NGS. Quienes comenzaron a reclutarlos y a incorporarlos oficialmente a su grupo con el cobro de cuotas diarias y a quienes les ofrecieron protección y les repartieron una zona donde ofrecer sus productos. Como si fueran autoridades, los hijos de Bulmaro Hernández Juárez, Benhur y Abraham Hernández Bringas, distribuyeron los lugares.

Los ayuntamientos de esos años tuvieron dos opciones: “entrarle al negocio”, es decir, a las autoridades de la Secretaría de Gobierno Municipal, que le corresponde regular estas actividades, les ofrecieron parte de “las ganancias”; o, “atenerse a las consecuencias”, es decir, arriesgar a que sus inspectores fueran golpeados por los grupos de choque conformados por los propios comerciantes y que atendían a las órdenes de los Hernández Bringas.

El poder de Bulmaro Hernández Juárez creció de forma desmedida desde el gobierno de Marco Adame, a quien apoyó con movilización de votos en la elección que ganó a la priísta Maricela Sánchez Cortés y al perredista Fernando Martínez Cue. Contratos de obras públicas, carta abierta para conseguir los contratos colectivos en los sindicatos de los municipios, protección a los vendedores ambulantes, en fin. Lo que quisiera.

Gabriela Gómez Orihuela, entonces delegada de la Secretaría del Trabajo del gobierno federal, afirma en entrevista que ella lo escuchó varias veces: “Para tratar de intimidarme, don Bulmaro dijo en varias ocasiones, para que yo lo escuchara, que los gobernadores, los secretarios del trabajo y los de Gobierno, hacían lo que él decía”. Dice que incluso ella recibió amenazas del hijo mayor del líder de NGS, Abraham Hernández Bringas, quien en alguna ocasión, cuando trataba de impedir una elección sindical, le advirtió: “sabemos que tienes a tu hermana, que dirige una guardería”.

Hernández Juárez y sus hijos le fueron fieles al panista Marco Adame hasta que tuvieron claro que el siguiente gobierno sería encabezado por Graco Ramírez. El 1º de julio de 2012 por la noche, el perredista ofreció una conferencia en un hotel de Cuernavaca en la que se declaró ganador. Luego se trasladó al zócalo capitalino, donde ya le esperaba un templete. Este reportero fue testigo de cómo Bulmaro Hernández Juárez lo esperó en la escalinata y fue el primero en felicitarlo. Durante el día, los taxis de NGS habían servido para el “acarreo” de los votos en la zona metropolitana.

A partir de ahí, NGS continuó con su ascenso. Gómez Orihuela enfrentó nuevas amenazas e intentos de intimidación y cohecho, ya como secretaría del Trabajo con el gobierno de Graco. “Siempre les cuestioné por qué estaban agrupando y protegiendo a comerciantes ambulantes, si lo tenían prohibido”. Para sustentar su argumento, cita el artículo 378 de la Ley Federal del Trabajo que prohíbe a los sindicatos ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro. No les importó.

A mediados del gobierno de Graco Ramírez, Roberto Castrejón Calderón, hijo del secretario general de la CTM en Morelos, Roberto Castrejón Campos, y una de las víctimas mortales del pasado miércoles, comenzó a hacer trabajo en el centro de Cuernavaca, con el fin de hacer contrapeso al NGS. Poco a poco fue reclutando a ambulantes y provocando la furia de sus oponentes, quienes reaccionaron con violencia. Utilizando a otros comerciantes, los Hernández Bringas crearon grupos de choque que utilizaban para amenazar a quienes no querían ser parte del NGS. Así obligaron a varios de los vendedores.

En esos mismos años, proveniente de la Sección 15 de la CTM, Jesús García Rodríguez, conocido como “don Chuy”, la otra víctima mortal del pasado miércoles, llegó a Cuernavaca para pelear algunos contratos colectivos a la FTEM local y al NGS. Poco a poco y siguiendo los mismos métodos tradicionales del gansterismo sindical, fue imponiendo sus condiciones en algunas zonas. Su hijo, Juan Manuel García Bejarano también fue colocándose como empresario en diversas facetas.

En 2017, Cuauhtémoc Blanco Bravo era presidente municipal de la capital, García Bejarano obtuvo la concesión para organizar la Feria de Cuernavaca. Todo parecía marchar bien para los García. Sin embargo, el 6 de abril de 2017, justo en la cabalgata previa a la inauguración de la Feria, en plena avenida Plan de Ayala, en medio de una concentración importante de familias, con la presencia de la policía, un asesino solitario disparó en su contra cuando montaba un caballo. Ahí mismo perdió la vida. Don Chuy exigió justicia al gobierno de Graco Ramírez. El asesino de su hijo fue condenado a 45 años de prisión.

García Rodríguez decidió incursionar también, como sus adversarios, en el reclutamiento de comerciantes ambulantes. Llegó el 2018 y en algún momento se registró como precandidato del PRI a la gubernatura, pero no tuvo ninguna oportunidad frente a la pugna de los grupos internos locales y la dirigencia nacional que al final se decantó por Jorge Meade Ocaranza.

Los ambulantes

Ya con el nuevo gobierno, se anunció que habría un reordenamiento de los comerciantes ambulantes que para entonces ya invadían incluso la Plaza de Armas, que administrativamente controla el gobierno estatal. Los secretarios de Gobierno, Economía y Trabajo, y de Desarrollo Social, Pablo Ojeda, Cecilia Rodríguez y Gilberto Alcalá, sostuvieron varias reuniones con los líderes de las tres agrupaciones de comerciantes ambulantes, con el objetivo de lograr un reordenamiento de la ciudad.

En tanto, el presidente municipal, Francisco Antonio Villalobos Adán, a quien corresponde directamente este asunto, dijo que era una prioridad para él, pero que según sus planes sería un problema que atendería después. En medio de la crisis de inseguridad que vive la entidad, el alcalde decidió irse a buscar un hermanamiento de Cuernavaca con Yonkers, un condado del estado de Nueva York.

El centro de Cuernavaca está plagado actualmente de comerciantes ambulantes, los cuales crecieron de forma desproporcionada los últimos dos años de la administración de Graco Ramírez. Hay de todo: vendedores de elotes, esquites, tacos de carne y de canasta, globos, fritangas en general, de los llamados tacos “acorazados” (de arroz y guizado), playeras, pinturas hechas con aerosol, artesanías, bisutería de plástico o china, en fin.

¿Cuál es el objetivo de controlar a estos comerciantes ambulantes? De acuerdo con la exdelegada y exsecretaria del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, y con testimonios de los periodistas locales Dulce Maya y Carlos Morales, ambos con experiencia en la cobertura de la fuente laboral y priísta, podrían ser cinco los objetivos que persiguen: 1) Obtener ingresos directos de los comerciantes a cambio de protección; 2) Controlar el espacio público del Centro Histórico; 3) Conseguir elementos para tener grupos de choque que les permitan acrecentar su presencia en el propio Centro Histórico; 4) Engrosar sus propias movilizaciones cuando las autoridades no hagan caso a sus demandas; y, 5) Tener una “reserva” de votos que ofrecer en las elecciones.

Sin embargo, otras voces que prefieren guardar el anonimato hablan de que el objetivo podría ser todavía más ilícito. Es decir, aunque las ganancias que les dejan a los sindicatos los vendedores ambulantes son importantes, pues son miles los vendedores que pagan una cuota diaria de entre 20 y 100 pesos, es claro que la pugna va más allá. Sin generalizar, líderes de comercio establecido han señalado que algunos de los ambulantes podrían formar parte de una red de narcomenudeo en la zona del centro histórico, donde existen bares que muchas veces ni siquiera cuentan con licencias de funcionamiento y que regularmente están atestados de jóvenes que representan un mercado importante de consumo.

La balacera

En ese contexto, este miércoles 8 de mayo, se llevó a cabo una reunión entre los representantes de las organizaciones de comerciantes ambulantes y las autoridades del gobierno estatal. Al salir de la reunión, vendedores vinculados a CTM y NGS realizaban una protesta para exigir soluciones. La protesta se iba a levantar, pues se consideró que había avances en la reorganización del Centro. El secretario de Desarrollo Social estatal, Gilberto Alcalá Pineda, salió con los líderes y fue interceptado por los medios de comunicación que le pidieron una entrevista.

El funcionario comenzó a hablar con los medios en la calle Gutémberg, a un costado de Palacio de Gobierno. Jesús García también se acercó. Roberto Castrejó dialogaba al otro lado de la calle con su hermano, mientras los representantes de los vendedores de NGS hablaban con otros reporteros en la esquina de Gutémberg y Galeana. Todo en un espacio de 25 metros cuadrados.

Justo cuando estas dos entrevistas ocurrían, Maximiliano Hernández Ménez, cruzó la calle, usaba una sudadera con capucha, sacó de entre ella una Glock 9mm y comenzó a disparar. Primero hirió a Roberto Castrejón y luego se fue sobre Jesús García. A su pasó, hirió a René Pérez Arguelles, camarógrafo de medios locales y a otro comerciante.

Todo mundo echó a correr. El secretario la libró de milagro. Lo mismo ocurrió con la treintena de reporteros, camarógrafos y fotógrafos que cubrían la protesta y la reunión. El agresor forcejeó con un comerciante y luego salió corriendo, cruzó el zócalo justo frente a Palacio de Gobierno, bajó por las escaleras que conectan de nueva cuenta con Galeana e intentó huir por la Plazuela del Zacate. En la esquina de Hidalgo y Galeana disparó una vez más y tiró el arma. Para entonces ya era perseguido por policías estatales y guardias de Palacio de Gobierno, quienes lo alcanzaron y sometieron.

Luego fallecieron en el hospital Jesús García y Roberto Castrejón. El padre de éste último acusó directamente a Bulmaro Hernández y sus hijos de estar detrás del ataque. Los líderes del NGS respondieron al día siguiente en una conferencia de prensa, le dieron una tregua a su adversario, “para que viva su duelo”, pero le exigieron que demuestre sus dichos o que será demando por difamación. A la pregunta de por qué apoyan a comerciantes ambulantes y cuánto les cobran por la protección, Bulmaro Hernández respondió sin parpadear: “Nosotros no les cobramos, lo hacemos porque nos gusta hacer trabajo social”.

Por lo pronto las autoridades confirmaron que fue un atacante solitario y no descartan ninguna línea de investigación, pero le han dado más peso a este conflicto entre grupos que se pelean el comercio ambulante. No obstante, la pugna no parece que pueda arreglarse por la vía del diálogo. La balacera abre la puerta a la violencia, pues el grupo de Castrejón Campos no se quedará en paz luego de lo ocurrido. La guerra está escalando y los funcionarios que deberían atender la problemática parecen rebasados, tanto en el nivel estatal como municipal.