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Talleres Gráficos de México asumirá un papel central en la producción de documentación y materiales electorales, bajo nuevas reglas de supervisión y contratación pública. - Foto: Especial

Convertirán a Talleres Gráficos de México en principal productor electoral

El decreto presidencial establece nuevas reglas de contratación, transparencia y vigilancia; el organismo producirá documentación para el INE y los organismos electorales locales.

Por: Masiosare, Visitas: 18286

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El decreto presidencial que reestructura Talleres Gráficos de México (TGM) entró en vigor este jueves, con lo que el organismo público asumirá la producción de documentación y materiales electorales para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). La disposición también establece nuevas reglas de contratación, vigilancia y transparencia.

 

Entre las medidas se encuentra la prohibición de contratar empresas sancionadas, observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o involucradas en prácticas monopólicas. Además, el padrón de proveedores, los contratos y los procesos de compra deberán estar abiertos al escrutinio público. Los proveedores también tendrán que acreditar su capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera.

 

La reestructuración contempla ampliar de cinco a siete integrantes la Junta de Gobierno de TGM. Se incorporarán tres especialistas independientes propuestos por el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tecnológico de Monterrey: Ángel Eustorgio Rivera González, Raúl Juan Contreras Bustamante y Josefina Cortes Campos, respectivamente. También participarán representantes de Gobernación, Hacienda, la Consejería Jurídica de la Presidencia y Anticorrupción y Buen Gobierno. Viridiana Gabriela Yáñez Rivas fue designada como nueva titular del organismo.

 

El fortalecimiento se desarrollará en dos etapas. La primera, de noviembre de 2026 a junio de 2027, contempla cambios administrativos, mayor vigilancia, auditorías y transparencia en las contrataciones. La segunda, de julio de 2027 a 2030, prevé modernizar la infraestructura y el equipamiento, ampliar la capacidad de producción y formular una Ley de la Imprenta Nacional de México. También se plantea reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer que la documentación y los materiales electorales sean producidos por entes públicos, bajo las especificaciones y el control de calidad del INE.

 

El decreto también establece tarifas autorizadas por la Junta de Gobierno y precios homologados para el INE y los OPLE, además de un catálogo único de materiales y la creación de un almacén nacional para recuperar, rehabilitar y reutilizar insumos electorales entre procesos. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que la reestructuración no afecta la autonomía del INE.

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