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“Ninguna consideración estratégica, política o mediática puede colocarse por encima del valor supremo de la vida”, destacó la diputada Jazmín Solano López, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, al fijar postura respecto de los hechos ocurridos el lunes pasado en Totolapan, liberación de un presunto generador de violencia, derivada de una situación extrema en la que integrantes de grupos criminales privaron ilegalmente de la libertad a cuatro servidores públicos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Morelos.

“Salvar la vida de servidores públicos secuestrados no constituye un acto de debilidad; constituye una obligación jurídica y moral”, aseveró la parlamentaria en el apartado se Asuntos Generales de la sesión ordinaria de Pleno realizada este día, en el que representantes de diversas fuerzas políticas expusieron sus posturas en torno a los polémicos hechos.

Dijo que el éxito de una estrategia de seguridad no se mide únicamente por las capturas realizadas, sino también por la capacidad del Estado para proteger a quienes arriesgan diariamente su integridad en cumplimiento de su deber, y en el caso de Totolapan se trata de una situación excepcional que no debe confundirse con impunidad.

“La liberación de una persona bajo circunstancias de extrema coacción no extingue la obligación del Estado de perseguir delitos, ejecutar órdenes judiciales y llevar ante la justicia a quienes amenazan la paz pública”, subrayó.

Sin embargo, dejó en claro que lo ocurrido en el corredor de Los Altos de Morelos no nació ayer, no es una crisis surgida hace dos años ni producto de una sola administración, sino resultado de un largo proceso de incubación de estructuras criminales que durante años crecieron al amparo de omisiones, negligencias y, en algunos casos, presuntas complicidades de autoridades que abandonaron su responsabilidad frente a la ciudadanía.

“Los hechos recientes hablan por sí mismos. Hoy se encuentran sujetos a proceso y privados de la libertad personajes vinculados al ejercicio del poder municipal en zonas particularmente afectadas por la violencia, incluyendo los casos de Atlatlahucan y Cuautla. Ello demuestra que el problema no solamente radica en los grupos criminales, sino también en las redes de protección institucional que durante años permitieron su fortalecimiento”, apuntó.