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El caso de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, es un recordatorio brutal de cómo opera —o debería operar— la justicia en Morelos cuando se trata de violencia familiar. Aunque Rodríguez Padilla ya salió de la cárcel, sigue sujeto a proceso penal. La salida no significa absolución, ni cierre del expediente, ni borrón y cuenta nueva. Significa únicamente que enfrentará el juicio en libertad.

Si el juez lo encuentra culpable, el Código Penal de Morelos establece sanciones claras: de 6 meses a 4 años de prisión, tratamiento psicológico obligatorio, pérdida de derechos familiares, y otras medidas que buscan proteger a la víctima y evitar la repetición del daño. No es una sanción simbólica: es una sanción que, en teoría, debería transformar la vida del agresor y garantizar seguridad a la víctima.

El perdón no detiene nada

En este caso, la víctima, Felicia Jiménez, presentó una carta de desistimiento. Pero en Morelos, el delito de violencia familiar se persigue de oficio. Eso significa que el perdón no detiene el proceso, no lo cancela, no lo diluye. La investigación continúa porque la ley reconoce que la violencia familiar es un delito donde la víctima suele estar bajo presión, dependencia económica, miedo o manipulación.

La persecución de oficio no es un accidente jurídico. Es una conquista de los grupos feministas en Morelos, que durante años empujaron reformas para evitar que los agresores se beneficiaran del perdón forzado, del chantaje emocional o de la dependencia económica de las mujeres. Es una victoria política y social que hoy permite que casos como el de Rodríguez Padilla sigan su curso, incluso cuando la víctima se ve obligada a retroceder.

Un caso mediático… y una realidad silenciosa

El caso es mediático, escandaloso, visible. Y quizás por eso existe la posibilidad de justicia. Pero esa visibilidad no alcanza para resolver el problema estructural: la autonomía económica de las mujeres. Felicia Jiménez, como miles de mujeres en Morelos, enfrenta una realidad que la ley no puede resolver por sí sola: la dependencia económica que condiciona decisiones, silencios, perdones y retrocesos.

Las mujeres que trabajan en el hogar —un trabajo enorme, impago, invisibilizado— y las que trabajan fuera de él, pero con salarios precarios, viven en una estructura que no garantiza autonomía. Sin autonomía, la justicia es un camino cuesta arriba.

La estadística que debería escandalizarnos

En Morelos, la mitad de los delitos se cometen contra mujeres. La mitad. No es una cifra para análisis técnico. Es una cifra para alarma social.

La violencia familiar es uno de los delitos más denunciados y, al mismo tiempo, uno de los más difíciles de procesar. La persecución de oficio ayuda, pero no resuelve la falta de refugios, la lentitud de los juzgados, la insuficiencia de medidas de protección, la precariedad institucional y la normalización cultural de la violencia.

La pregunta que queda

El caso de Rodríguez Padilla es importante, sí. Pero es apenas un espejo. La pregunta que queda —y que debería incomodarnos a todos— es otra:

¿Qué esperanza tienen las mujeres víctimas de violencia familiar de obtener justicia en Morelos?

Si la mitad de los delitos se cometen contra ellas, si la autonomía económica es frágil, si los procesos son lentos, si los agresores tienen poder político, si la justicia depende de la presión mediática… ¿qué queda para las mujeres que no tienen cámaras, ni abogados, ni redes de apoyo?

Conclusión: la justicia existe en la ley, pero no siempre en la vida

La persecución de oficio es un triunfo. El proceso contra Rodríguez Padilla es un avance. Pero la justicia para las mujeres en Morelos sigue siendo una promesa incompleta.

La ley dice una cosa. La realidad dice otra. Y entre ambas, las mujeres siguen esperando que el Estado cumpla lo que promete.