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En el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres, la diputada Melissa Montes de Oca Montoya, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, presentó ante el Pleno dos iniciativas de alto impacto orientadas a combatir la violencia contra las mujeres en Morelos: La reforma para incrementar las penas por el delito de acoso sexual, y la tipificación específica de la violencia institucional, acompañada de la implementación del Violentómetro Institucional.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora destacó que el acoso sexual representa “el rostro más cotidiano de la violencia machista” y subrayó su normalización en espacios públicos, laborales, educativos y digitales.

Actualmente, el Código Penal estatal establece sanciones de seis meses a tres años de prisión, las cuales —señaló— resultan insuficientes y de difícil aplicación.

La propuesta legislativa plantea: Elevar las penas de tres a seis años de prisión; aumentar las multas de 500 a 1,000 días; incorporar agravantes cuando el delito sea cometido: en espacios públicos o de transporte, por servidores públicos, docentes o empleadores, o cuando las víctimas sean niñas, adolescentes, mujeres mayores, personas con discapacidad, o exista reincidencia.

Con estas reformas, la diputada busca que el Estado envíe un mensaje firme contra esta conducta, fortaleciendo la protección y el acceso a la justicia para las mujeres.

La segunda iniciativa presentada responde a una de las violencias más profundas y menos visibles: la violencia institucional, ejercida desde estructuras del Estado mediante omisiones, negligencias, abusos de poder o tratos discriminatorios.

La diputada propone: Incorporar un tipo penal específico de violencia institucional contra las mujeres en el Código Penal de Morelos; establecer sanciones como prisión, multas, suspensión, destitución e inhabilitación para servidoras y servidores públicos responsables; implementar el Violentómetro Institucional, una herramienta analítica de seis niveles que permite identificar, medir y clasificar actos de violencia cometidos desde instituciones gubernamentales.

Los niveles abarcan desde prácticas de minimización y negligencias, hasta la violencia estructural, la filtración de datos, la obstrucción de procesos legales y, en su grado extremo, conductas institucionales que contribuyen a daños irreparables, incluidas desapariciones o feminicidios.

La diputada recordó que, de acuerdo con datos del INEGI, el 76% de las mujeres ha enfrentado algún tipo de violencia institucional, lo que evidencia la necesidad de una respuesta clara, medible y sancionable por parte del Estado.

“Morelos tiene una deuda histórica con las mujeres. Estas iniciativas no solo reconocen la violencia, sino que permiten medirla, sancionarla y prevenirla, para avanzar hacia un estado más justo y seguro”, afirmó.

Con la presentación de estas dos iniciativas, la diputada Melissa Montes de Oca refrenda su compromiso con la agenda de género y con la construcción de un marco jurídico que garantice la protección integral, el acceso a la justicia y una vida libre de violencia para todas las mujeres en Morelos.