El Mundial me tiene sin cuidado. Pero aquí estamos, otra vez, hablando de él porque es imposible escapar del ruido, del marketing, de la propaganda global que FIFA vende como si fuera un sacramento obligatorio. Y aunque hemos dicho mil veces que ninguna población se beneficia realmente, ocurrirá. México ya pagó, ya invirtió, ya cedió, ya obedeció. Y ahora, además, debe someterse a un conjunto de reglas que no provienen del Congreso, ni de la Constitución, ni de la Suprema Corte: provienen de FIFA, un organismo privado que opera por encima de los Estados. Sí, por encima. Porque eso es lo que pasa cuando un espectáculo se vuelve más poderoso que las leyes.

FIFA no es un gobierno, pero actúa como uno. Tiene su propio sistema legal, sus propios tribunales, sus propias sanciones, sus propias policías privadas, sus propias zonas de exclusión comercial, sus propias reglas de transmisión, sus propias prohibiciones. Y cuando un país acepta ser sede, acepta también ceder soberanía temporal. No es metáfora: es contrato. FIFA dicta qué se puede transmitir, qué se puede fotografiar, qué se puede publicar, qué se puede vender, qué se puede decir. Y los gobiernos, felices, lo aceptan. Porque el espectáculo —ese que no nos pertenece— se ha convertido en una forma de gobernar.

La privatización del ocio: ni ver futbol es libre

El futbol, ese juego que nació en patios, en calles, en terrenos baldíos, hoy es propiedad privada. No del pueblo, no de los aficionados, no de los jugadores: de una corporación. Y esa corporación decide quién puede ver, quién puede transmitir, quién puede fotografiar, quién puede comentar, quién puede poner una pantalla, quién puede vender cerveza, quién puede existir alrededor del espectáculo. El ocio ya no es ocio: es propiedad intelectual.

Hasta los aficionados necesitan permiso, aunque no lo sepan. Sus fotos no pueden usarse, sus videos no pueden publicarse, sus grabaciones no pueden compartirse si violan derechos de FIFA. El futbol dejó de ser un juego: ahora es un archivo legal.

Lo que FIFA hace no es solo proteger un negocio. Es probar un modelo de control social. Un modelo donde el espacio público se privatiza, la ciudad se limpia de pobres, ambulantes y protestas, la policía se despliega para proteger marcas, los gobiernos se subordinan a un reglamento extranjero, la prensa se autocensura para no perder acreditaciones y la ciudadanía se convierte en audiencia cautiva. El Mundial es un ensayo general de cómo se gobierna un país desde el espectáculo. Y México, como siempre, llega puntual a la función.

Morelos: la anomalía sensata

En este contexto, Morelos aparece como una anomalía. Aquí no habrá fan fest. No porque falte entusiasmo futbolero, ni porque no haya plazas o pantallas, sino porque los gobiernos estatal y municipales decidieron —por una vez, con sensatez— no pagar entre 15 y 20 millones de pesos por los derechos de exhibición pública. Quince a veinte millones por poner una pantalla. Por transmitir algo que ya existe. Por un espectáculo que no deja nada a la población.

Ese dinero, en Morelos, podría invertirse en agua potable, escuelas, caminos, campo, empleo, seguridad o búsqueda de personas desaparecidas. Pero FIFA no entiende de prioridades humanas. Solo entiende de contratos. Y Morelos, por una vez, dijo: no gracias.

Mientras tanto, México ha invertido millones en remodelaciones, seguridad, logística, infraestructura e imagen urbana. Ha cedido espacios, ha ajustado leyes, ha negociado condiciones. Ha aceptado que un organismo privado dicte reglas sobre su propio territorio. Y todo esto ocurre mientras miles buscan a sus desaparecidos, miles exigen justicia, miles viven desplazados, miles no tienen agua, miles no tienen seguridad, miles no tienen Estado. Pero para FIFA sí hay Estado. Para FIFA sí hay recursos. Para FIFA sí hay orden. Para FIFA sí hay garantías