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Faltan siete días para que entre en vigor el decreto que elevará el costo del pasaje en Morelos de 10 a 13 pesos, un incremento del 30 por ciento que, aunque técnicamente justificable, políticamente es un golpe directo a la economía popular. En un estado donde la mitad de la población vive con uno o dos salarios mínimos, tres pesos por viaje no son un ajuste: serán una carga más.

El gobierno lo sabe. Los concesionarios lo saben. La gente lo sabe. Y aun así, hasta ahora parece que el aumento va.

El tarifazo como decisión de poder

La gobernadora tomó la decisión bajo la presión de los concesionarios, quienes llevan meses advirtiendo que los costos de operación —combustible, refacciones, seguros, mantenimiento— han hecho inviable el servicio. Y es cierto: el sistema está financieramente agotado.

Pero también es cierto que para la ciudadanía el aumento se siente como una agresión personal. En Morelos, la “ruta” no es un lujo: es la única forma de llegar a la escuela, al trabajo, al hospital, al mercado. Es el sistema circulatorio de un estado que ha estado en el abandono por años.

Y ese sistema circulatorio está enfermo desde hace décadas.

Un servicio que no mejora, pero sí encarece

La pregunta que recorre las calles es simple y brutal: ¿Por qué pagar más por un servicio que deja tanto que desear?

El parque vehicular es uno de los peores del país:

• unidades viejas,
• camiones chatarra,
• motores que escupen humo,
• asientos rotos,
• puertas que no cierran,
• rutas saturadas.

Los choferes —quienes no se beneficiarán del aumento— trabajan jornadas extenuantes sin prestaciones, sin seguridad social, sin futuro. Algunos usan uniforme y entregan boletos; la mayoría no. Algunos reciben capacitación; otros simplemente sobreviven al volante.

El sistema es desigual, precario y profundamente injusto. Y ahora será más caro.

El subsidio

Para amortiguar el golpe, la gobernadora anunció hace mes y medio un programa social que prometía subsidio del 100 por ciento para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes. Es decir, estos sectores no pagarían pasaje.

La idea sonaba bien: credencialización, lectores electrónicos, gratuidad para los sectores más vulnerables. Pero desde entonces, silencio. No hay reglas de operación. No hay fechas. No hay módulos. No hay credenciales. No hay lectores.

El subsidio existe en el discurso, pero todavía no se materializan sus posibilidades en la calle. Y el aumento llega en siete días.

La protesta que no alcanza

Organizaciones sociales anunciaron una marcha y un plantón “permanente” en el zócalo capitalino para exigir la suspensión del decreto. Usuarios preparan amparos.

Pero la movilización se ve pequeña, dispersa, insuficiente. La indignación existe, pero no se organiza. La molestia es real, pero no se convierte en fuerza colectiva.

Y eso, políticamente, es un mensaje: el gobierno puede avanzar sin enfrentar una resistencia masiva.

Las decisiones de poder no solo tienen efectos económicos: tienen efectos simbólicos. Un aumento al pasaje, en un estado con 25 años de crisis, deterioro y abandono, erosiona la confianza.

El gobierno lleva apenas 18 meses en funciones y ya enfrenta un desgaste que podría crecer. El próximo año habrá elecciones municipales y legislativas. Hoy tiene mayoría. Mañana, será el gran reto.

No se trata de predecir resultados —eso lo decidirán las urnas—, sino de entender que el tarifazo deja una cicatriz política.

Siete días

Siete días para que el aumento entre en vigor. Siete días para que el enojo se convierta en resignación o en protesta. Siete días para que el gobierno decida si cumple lo que prometió o si deja que el subsidio se evapore. Siete días para que los ciudadanos decidan si aceptan o impugnan.

El reloj corre. Y el pasaje también.