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El decreto publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 18 de junio de 2026 confirma lo que ya se sabía desde hace semanas: el aumento del pasaje de 10 a 13 pesos en el transporte público de Morelos. Un incremento del 30%, justificado por el gobierno como una medida “técnica y necesaria” para garantizar la viabilidad del sistema, pero que en la práctica golpea directamente a la economía popular.

El documento firmado por Jorge Barrera Toledo, coordinador de Movilidad y Transporte, es un tratado de ingeniería financiera y legalismo institucional. Habla de derechos humanos a la movilidad, de eficiencia y sostenibilidad, de modernización tecnológica y de equilibrio económico. Pero detrás de esa retórica impecable se esconde el dilema político más crudo: el gobierno está presionado por los ruteros y presionado por los ciudadanos.

El dilema del gobierno: entre el volante y el voto

Por un lado, los concesionarios —los llamados ruteros— argumentan que el aumento es indispensable para sobrevivir. Los costos de operación se dispararon: diésel, refacciones, seguros, salarios, mantenimiento. El estudio técnico incluido en el decreto lo demuestra con precisión matemática: el costo real por pasajero asciende a $12.65 pesos, y la tarifa de $13 pesos apenas garantiza una utilidad del 8%.

Por otro lado, la ciudadanía enfrenta una realidad distinta: 25 años de crisis económica, endeudamiento, abandono institucional y falta de oportunidades. En ese contexto, tres pesos más por viaje no son una cifra menor. Para una familia con tres personas que usan transporte diario, el gasto mensual supera los 1,500 pesos, casi el 10% del ingreso promedio.

El gobierno de Margarita González Saravia se encuentra atrapado entre dos fuegos: si no autoriza el aumento, el sistema colapsa; si lo autoriza, la gente se indigna. Y en medio de esa tensión, el decreto parece cumplir una función política adicional: abrir la puerta a los amparos. Publicar el acuerdo en el Periódico Oficial no solo lo hace obligatorio, también lo hace impugnable.

La modernización que no llega

El texto oficial promete una transformación tecnológica del transporte: GPS, cobro digital, capacitación de operadores, accesibilidad universal, electromovilidad. Pero la realidad en las calles de Cuernavaca, Jiutepec o Temixco es otra: unidades viejas, choferes agotados, rutas saturadas y pasajeros resignados.

La modernización no se mide en discursos ni en decretos, sino en el estado de los vehículos y en la dignidad del servicio. Y ahí el sistema morelense sigue anclado en el siglo pasado.

El decreto condiciona la vigencia del aumento a que los concesionarios cumplan con la Revista Mecánica y las obligaciones técnicas y administrativas. Pero todos sabemos que ese control rara vez se cumple. La autoridad carece de capacidad operativa para verificar miles de unidades, y los usuarios terminan pagando más por el mismo servicio deficiente.

Una crisis larga, un remedio corto

Morelos arrastra una crisis estructural de más de dos décadas. Desde los años noventa, el estado ha vivido entre la desindustrialización, la informalidad y la migración. La economía local depende del comercio menor, del turismo intermitente y del gasto público. En ese contexto, el transporte público se convierte en un termómetro social: cuando el pasaje sube, la irritación colectiva se dispara.

El gobierno intenta resolver un problema de sostenibilidad financiera con una medida de impacto inmediato, pero el fondo del asunto es más profundo: la pobreza de la población y la ineficiencia del modelo concesionario.

El costo político del pasaje

El aumento del pasaje no solo es un tema económico, sino también político y simbólico. Representa el choque entre dos legitimidades: la del Estado que regula y la del pueblo que resiste.

El gobierno busca equilibrio, pero termina pagando el costo de la impopularidad. Los ruteros ganan oxígeno financiero, los usuarios pierden poder adquisitivo, y el Estado queda en medio, intentando justificar lo injustificable con fórmulas y tablas de costos.

Quizá el decreto no sea solo una decisión técnica, sino una estrategia jurídica: permitir que los inconformes interpongan amparos y que los tribunales definan el alcance real del aumento. En otras palabras, trasladar el conflicto del asfalto al juzgado.

Tres pesos y un país entero

Tres pesos pueden parecer poco en los cálculos macroeconómicos, pero en la vida cotidiana son la diferencia entre llegar o no llegar. Entre comer o transportarse. Entre resignarse o protestar.

El decreto de junio de 2026 autoriza la nueva tarifa, pero también da la oportunidad a los propios ciudadanos que ayer lo exigían a buscar una salida jurídica. Hay una controversia de derechos, algo que es posible y necesario que retomen los tribunales. Se vienen días complicados y habrá que ver la fuerza de la gente en este caso.